Multas de 7.500 euros por cada trabajador que no cumpla con la reducción de jornada

Las negociaciones para implementar la reducción de jornada laboral a 37,5 horas sigue en marcha. El Ministerio de Trabajo y Economía Social, liderado por Yolanda Díaz, ha establecido contactos con los agentes sociales, incluyendo sindicatos y organizaciones empresariales, para definir cómo se aplicará esta reducción y cuáles serán sus condiciones específicas. En medio de estas negociaciones, han surgido nuevas propuestas para endurecer las sanciones a los empresarios que no cumplan con la nueva normativa,

Según fuentes sindicales citadas por el diario 'Autónomos y Emprendedores', el Gobierno está debatiendo la posibilidad de imponer multas por cada empleado afectado que no cumpla con la reducción de jornada estipulada, especialmente si esta reducción no se refleja de manera adecuada en el registro horario. La idea de estas sanciones individuales busca garantizar un cumplimiento estricto de la normativa, de modo que cada trabajador vea reflejados sus derechos en el registro de jornada.

Según han podido saber en el portal 'Noticias Trabajo', las multas podrían llegar a superar los 7.500 euros por cada trabajador que no cumpla con la nueva jornada de 37,5 horas, lo cual representa un endurecimiento significativo respecto a la regulación vigente. Este tipo de medidas pretende disuadir a las empresas de prolongar la jornada laboral más allá de lo permitido y asegurarse de que el tiempo de trabajo quede adecuadamente registrado.

Según fuentes sindicales, citadas por el mismo portal, este escenario obliga a que se deba cambiar el régimen de sanciones en los casos graves, por ejemplo, cuando este registro de jornada no exista o se haya manipulado de forma fraudulenta. En este sentido, Díaz tiene previsto implementar un sistema de supervisión remota para los registros horarios, con el objetivo de facilitar a la Inspección de Trabajo el acceso a la información sobre las horas de trabajo en tiempo real.

Este asunto ha sido llevado a la Mesa de Diálogo Social debido a que algunas empresas, pese a obtener mayor beneficio, apenas reciben sanciones de hasta 7.500 euros por irregularidades en el registro horario que afectan a todos sus empleados, similar a las que podría enfrentar un autónomo con un único trabajador a su cargo. Se busca así endurecer las penalizaciones y asegurar que las grandes empresas sean más responsables con respecto a los derechos laborales.

Aún no se conocen las cifras exactas de las nuevas sanciones que podría imponer la Inspección de Trabajo, pero se prevé que la aprobación de esta medida genere un coste adicional para los pequeños negocios y autónomos, que tendrán que implementar un software adecuado para cumplir con la nueva normativa y el registro horario.

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