Más de 30 municipios deberán desbloquear las plantas solares que dejaron sin licencia

De este modo, más de 30 municipios de la Comunitat deberán desbloquear decenas de plantas fotovoltaicas que mantenían en jaque mediante esta fórmula urbanística. «Con el objeto de proporcionar seguridad jurídica a la tramitación urbanística de los proyectos, se prohíbe que los ayuntamientos puedan decretar suspensiones de licencias que afecten a la tramitación de proyectos de generación de energía renovable», reza la nueva normativa publicada en el DOGV.

En Elche, por ejemplo, el consistorio suspendió las licencias de obra de 24 parques solares que suman una inversión de 100 millones de euros. Dicha situación enfrenta al consistorio ilicitano a la exigencia de responsabilidades jurídicas y patrimoniales ya que, además de los promotores de las plantas afectadas, podrían denunciar los propietarios de los terrenos por daños y perjuicios.

Según explican desde la patronal de las empresas de energías renovables (Avaesen), al menos una treintena de municipios de todos los signos políticos han recurrido a la suspensión de licencias de obras para bloquear miles de megavatios en la Comunitat. Aademás de Elche, las localidades son Alicante, Xixona, Castalla, Villar del Arzobispo, Chiva, Ibi, Casinos, Godelleta, Les Coves de Vinromà, Xilxes, Elda, Agost, Mutxamel, Gaianes, Vall d'Uxó, Betxí, Onil, Relleu, Vall dÁlba, Benlloc, Fontanars dels Aforins, Vilafamés, El Real, Catadau, Turís, Anna, Carcaixent, Chella, Camporrobles, Les Useres y Buñol.

«Esta situación era dramática y profundamente injusta porque después de superar varios años de trámites, algunas empresas se encontraban con que el ayuntamiento de turno de repente les suspendían las licencias pese a que no se había pronunciado en contra de los proyectos durante toda la tramitación», explica el presidente de Avaesen, Marcos Lacruz, quien asegura que este escenario ya había derivado en el inicio de demandas patrimoniales por parte de algunos promotores.

Eso sí, aunque la nueva norma prohíbe a los ayuntamientos hacer uso de su competencia urbanística para bloquear los proyectos en el último momento, también les permite postularse respecto a un proyecto al inicio de la tramitación, algo que desde el sector promotor consideran positivo. «Los ayuntamientos pueden pronunciarse al principio de la tramitación. De este modo, las empresas podremos saber desde un principio si están a favor del proyecto o no y, en base a eso, podremos decidir si nos vamos a otro sitio», señala Lacruz. Por su parte, desde la conselleria de Medio Ambiente destacan este punto como fundamental a la hora de dar voz a los municipios, aunque sus valoraciones no sean vinculantes.

Entre otras novedades, destaca la eliminación de los criterios de implantación de instalaciones fotovoltaicas en suelos cartografiados por el Instituto Cartográfico Valenciano como de alta y muy alta capacidad agrológica. Con ello, la conselleria estudiará el terreno en cada caso para evaluar su valor agrológico actualmente, ya que las clasificación del instituto data ya de 30 años y está desactualizada en algunos casos.