Así quedaría la pensión de jubilación con las últimas medidas del Gobierno

La actual crisis sanitaria ha provocado el desembolso de cantidades millonarias de dinero público en medidas sociales para paliar las consecuencias del coronavirus. Esto hace preguntarse si se verá afectada la hucha de las pensiones.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha propuesto en esta legislatura una serie de medidas que podrían endurecer las condiciones para acceder al retiro y cobrar la prestación de jubilación, de aprobarse en el Pacto de Toledo cuando la crisis del coronavirus termine.

Escrivá insiste en la necesidad de utilizar «incentivos positivos que contribuyan a acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal». Actualmente, la edad legal de jubilación en España es de 65 años y 10 meses, o de 61 años y 10 meses para las jubilaciones parciales.

No obstante, la edad efectiva de jubilación varía de la edad legal de jubilación, porque muchas personas se acogen a prejubilaciones. La edad efectiva de jubilación prevista para España en 2020 será de 64,5 años. De acuerdo con las cifras transmitidas por Escrivá, desde el año 2014, el número de jubilaciones anticipadas voluntarias aumentó un 66%, hasta representar en 2019 el 16% del total.

Alargar la vida laboral de los ciudadanos reduciría notablemente el gasto en pensiones, y por ello retrasar la edad efectiva de jubilación con incentivos y penalizaciones es una de las medidas que gozan de mayor consenso de las propuestas por el ministro.

Algunos de estos incentivos y penalizaciones podrían ser el porcentaje adicional por cada año cotizado por encima de la edad legal de jubilación, que oscila entre el 2% y el 4% en función de la carrera de cotización; el complemento por demora; o la exoneración de la obligación de cotizar.

Durante su comparecencia en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados, Escrivá afirmaba que en España la previsión social de empresa es una asignatura pendiente, a pesar de que, según la presentación que ha elaborado, su rentabilidad es muy superior a la de los planes individuales.

De acuerdo con los datos de Inverco, si en la última década la rentabilidad media de los planes individuales ha rondado el 2,75%, en el caso de los planes de empresa ha rozado el 4%. Ello, en parte, según ha apuntado el ministro, porque los costes de gestión de los planes colectivos (con comisiones por debajo del 0,3%) son inferiores a los planes individuales (rondan el 1,2%). En relación con los planes de pensiones individuales, el ministro ha afirmado: «Es un producto extraordinariamente caro», y ha añadido: «No da la sensación de que las mayores comisiones se dediquen a mejorar la gestión de los fondos».

Así, exponía el caso de las Entidades de Previsión Voluntaria en el País Vasco (EPSV), que llegan a más personas que los planes de empleo en España. Si los planes de empleo sólo cubren a un 10% de los trabajadores en España, en el País Vasco las EPSV cubren a un 50%. Y si el saldo de las primeras no llega a los 20.000 euros, de media, en el caso de las segundas se acercan a los 30.000 euros. Estos instrumentos están vinculados a los convenios colectivos sectoriales. El trabajador aporta un 1% y la empresa otro 1% al plan. Y cuentan con ventajas fiscales.

El ministro también se ha referido a la actualización de las pensiones y a la necesidad de que se mantenga su poder adquisitivo. En este sentido Escrivá ha pedido a la Comisión del Pacto de Toledo que acelere los trabajos para que en el próximo periodo de sesiones se pueda aprobar «un nuevo marco estable» para su actualización de manera que se pueda aplicar en 2021. Con ello, se cumpliría con dos de las recomendaciones del borrador que llama a recuperar el consenso respecto al «mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de las pensiones» y sobre la «suficiencia» y el aseguramiento de un «nivel mínimo de recursos».