Las protestas dejan más de 400 denuncias a los agricultores valencianos

Según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno en la Comunitat, hasta este lunes hay también 41 investigados por «lesiones imprudentes y contra la seguridad vial».

En total, son 411 las denuncias acumuladas por delitos contra la Ley de Seguridad Vial y contra la Ley de Seguridad Ciudadana (comúnmente conocida como 'ley mordaza') dado que las sanciones se han derivado de cortes de vía y de manifestaciones y concentraciones no comunicadas a las autoridades.

En el caso de la seguridad ciudadana, el grueso de ellas, 68, se han impuesto en la provincia de Valencia mientras que 14 han sido en Alicante. En Castellón no hay ninguna por este motivo. Mientras, por delitos de tráfico se han impuesto 329 multas, de las que 294 corresponden a la provincia de Valencia y 35 a la de Castellón.

«Ha llegado un punto en el que si lo que estas protestas hacen es bloquear el país pues, obviamente, las fuerzas del orden tienen que actuar», afirmó el ministro el ministro de Transportes, Óscar Puente, la semana pasada en una entrevista en televisión y así ha sido a tenor de la cifras acumuladas.

Las sanciones (administrativas no penales) a las que se enfrentan los agricultores están contempladas en la Ley de Seguridad Ciudadana y las cantidades pueden oscilar entre los 100 euros de las leves hasta los 600.000 euros de las muy graves. Así, en el caso de la ocupación de la vía pública van entre 600 y 30.000 euros (según la gravedad de los hechos) y en el caso de la participación en manifestaciones sin previa comunicación ni autorización oficial, entre 100 y 600 euros. El artículo 39 de esta ley señala que las infracciones muy graves llevarán aparejada una multa de entre 30.001 y 600.000 euros; las graves, una sanción económica de entre 601 y 30.000 euros; y las leves, de 100 a 600 euros.

Además, en su artículo 36, detalla que se considera infracción grave «causar desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos, u obstaculizar la vía pública con mobiliario urbano, vehículos, contenedores, neumáticos u otros objetos, cuando en ambos casos se ocasione una alteración grave de la seguridad ciudadana».

La normativa añade que los actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus funciones, el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales también pueden ser infracciones graves, así como las acciones y omisiones que impidan u obstaculicen el funcionamiento de los servicios de emergencia.