El Puerto de Valencia inicia los trámites para la ampliación norte con el voto en contra de Ribó

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ha aprobado el inicio de la tramitación de la ampliación norte con el único voto en contra del alcalde de Valencia, Joan Ribó, que no descarta acciones legales. De los 15 miembros del órgano, además del voto del edil, diez han respaldado el inicio del proceso, mientras que la Generalitat no ha tenido que hacerlo ya que los cuatro de la Generalitat no han sido todavía nombrados.

Por el momento, Ribó advierte de que presentarán alegaciones, pero si estas no salieran adelante, plantea recurrir a los tribunales, ya que considera inexcusable una nueva declaración de impacto ambiental (DIA) que sustituya a la actual, firmada en 2007.

Al término de la reunión, el presidente de la APV, Aurelio Martínez, advirtió de que la aspirante a la obra, MSC, ya ha mostrado su preocupación ante la polémica y negó las principales motivaciones de Ribó para oponerse al proceso.

En todo caso, aseguró que todo es negociable, ya que la decisión que se ha tomado no es irreversible, dispone de todas las garantías y tiene un largo camino por delante. Apuntó que aún falta la publicación en el BOE de la decisión aprobada hoy o su salida a información pública para las alegaciones.

Al no haber un plan especial, en ese momento es donde el Ayuntamiento y la Generalitat emitirán sus informes, y Ribó concretará su oposición. Después, la comisión técnica hará un informe que irá al director. Éste lo pasará al presidente y finalmente, al consejo de administración, que aprobará o rechazará la propuesta de MSC. Sólo entonces comenzará la obra, con su licitación, adjudicación y el resto de pasos.

Sobre la necesidad de una nueva DIA, Martínez asegura que cuenta con informes que validan la actual, pese a los cambios planteados al retomar se el proyecto en 2015. El motivo es que afectan al interior del dique, en zona de dominio portuario y reduce el consumo de materiales y el impacto al medio ambiente.

Además, apunta que una nueva declaración se puede tardar hasta siete años y perder la oferta de mil millones de MSC, que ya está siendo tentada por Barcelona y Marsella para que lleve allí su inversión.

En todo caso, Martínez acepta que se estime el acceso ferroviario por el Norte en el que insiste Ribó. Para ellos, la consultora Ineco ha recibido el encargo del Puerto para hacer un informe sobre la conveniencia de un acceso viario y ferroviario. El plazo para la entrega del documento será de 20 meses.

El presidente de la APV ha destacado que considera necesaria una mejor conexión con Sagunto, ya que es el único espacio que tiene ya el Puerto para crecer y hay que tener preparada esa conexión también por Parc Sagunt 2. Sin embargo, si Ineco considera una alternativa mejor, la tendrá en cuenta.

El primer edil aseguró que cejará en su empeño si el Ministerio de Transición Ecológica da el visto bueno a la DIA de 2007. En todo caso, ha reiterado que no está en contra de la ampliación ni de la empresa que se ha presentado a la adjudicación, la naviera MSC, con la que se plantea contactar. Sin embargo, asegura que «las cosas hay que hacerlas bien», para que no ocurran episodios los la ZAL, paralizada durante casi dos décadas desde su construcción.

Sobre el retraso que provocaría una nueva DIA, no lo considera superior a unos meses y asegura que a la empresa no le importaría, aunque no ha confirmado con ella esa suposición. De hecho, en el consejo no comparten esa opinión y temen que se perdiera la inversión de más de 1.000 millones de MSC, que ya está siendo cortejada por otras instalaciones, como Barcelona.

La única oferta presentada es la de Terminal Investment Limited (TIL), filial de la naviera MSC, para la construcción y explotación de la que será la cuarta terminal de la instalación valenciana con una inversión privada de 1.011,42 millones de euros. La propuesta de TIL prevé la realización hasta 2026 y la gestión durante 35 años de la totalidad de la terminal de la ampliación norte del puerto de Valencia

Las tensiones que se arrastran desde hace meses cuentan con dos extremos. Por una parte está la APV y Puertos del Estado (entidad dependiente del Ministerio de Fomento de José Luis Ábalos), que apoyan el proyecto sin fisuras tal y como está. Por otra, el alcalde Ribó, la consellera Mollà y el vicepresidente Rubén Martínez Dalmau, que reclaman un replanteamiento ante la situación de «emergencia climática actual». Entre medias, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el conseller de Política Territorial, Arcadi España, que se presentan como mediadores entre las partes.

Por su parte, el colectivo 'Comissió Ciutat-Port', integrado por las organizaciones Per L'Horta, Acció Ecologista-Agró, Ecologistes en Acció, Associació de Veïns i Veïnes Natzaret i Plataforma El Litoral per al poble, cierra filas con Ribó aseguran que el Puerto de Valencia podría incurrir en delito medioambiental y los miembros del consejo de administración en prevaricación de seguir adelante con la ampliación norte del puerto de Valencia.

El colectivo formalizará en los próximos días sus alegaciones al proyecto en las que denuncia infracciones legales en las que considera que incurre el proyecto constructivo aprobado en 2018 y que la autoridad portuaria pretende ejecutar, a sabiendas, y sin declaración de impacto ambiental que lo avale.

El colectivo asegura que la aprobación de hoy supone un paso decisivo en una licitación que «podría ser anulada proximamente» de verificarse las infracciones que elles denuncian y podría comportar el derecho a una indemnización multimillonaria a favor de la empresa adjudicataria y a costa del erario público, aseguran.

Según el análisis llevado a cabo por el equipo técnico de la Comisión Ciudad-Puerto, el nuevo anteproyecto constructivo, de 2018, excede «con mucho» a lo autorizado en la Declaración de Impacto Ambiental existente. Entre las diferencias respecto al proyecto original que fundamentó la declaración de 2007, defienden que hay un aumento en los volúmenes de dragados y zanjas de cimentación de los muelles, que pasarían de 1'5 millones de metros cúbicos a más de 4'5 millones, aumentando en un 300% el volumen contemplado en la declaración de impacto.

También defienden que el proyecto actual añade demoliciones de infraestructuras que el proyecto sometido a evaluación ambiental no contemplaba, como el esmantelamiento del contradique norte y de los muelles de cruceros, los cuales fueron ejecutados como parte del proyecto original. El nuevo proyecto añade también, fuera de evaluación ambiental, una ampliación del actual dique de abrigo norte en 505 metros y contempla una disposición distinta de los muelles y explanadas respecto a las 2 fases contempladas en la DIA de 2007.

Por estas razones la Comissió Ciutat-Port concluye que la DIA de 2007 no es válida para amparar las obras que la Autoridad Portuaria pretende realizar en 2019 y exigirá, en las alegaciones que tiene previsto formalizar en los próximos días, una nueva y necesaria evaluación ambiental del proyecto conforme a lo dispuesto en la ley estatal 21/2013 de Evaluación Ambiental, para determinar su afectación a zonas protegidas del entorno.