La formación catalana Candidatura de Unidad Popular, más conocida por sus siglas CUP, ha situado en su punto de mira a algunas de las infraestructuras clave para Valencia, como la ampliación norte del puerto, la mejora del by-pass (la A-7), la V-30 ... o la V-31. Y lo justifican dentro de las acciones que deben adaptarse para luchar contra el cambio climático.
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Así se recoge en una moción –derivada de una interpelación urgente– presentada por la CUP en el Congreso de los Diputados por parte del grupo parlamentario mixto a instancias de Albert Botrán, diputado de la formación anticapitalista en la Cámara Baja, y en la que se reclama una serie de medidas para frenar el aumento de emisiones y la lucha contra el calentamiento global «en los països catalans«. Junto a la Comunitat, los independentistas también plantean la paralización de infraestructuras –y, por tanto, de inversiones– en Cataluña y en Baleares.
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De las ocho exigencias que se plantean al finalizar el texto tras la exposición de motivos, cinco afectar a proyectos valencianos. Así, el texto insta al Congreso a que se traspase la titularidad de todos los aeropuertos y de todos los puertos de Cataluña, la Comunitat y las Islas Baleares a los respectivos Gobiernos autonómicos.
Son tres los proyectos relacionados con el puerto de Valencia que rechaza la CUP y para los que reclama su bloqueo. Por un lado, la ampliación norte, de la que alerta sobre su coste («implica unos 300 millones sólo para la ampliación de la plataforma, pero las obras dispararán la inversión. La Comissió Ciutat-Port la calcula en 3.000 millones»).
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Por otro, la construcción de una nueva terminal de cruceros, donde remarca que el proceso «está enjuiciado y se investiga un trato de favor» al empresario Vicente Boluda. «Nuevamente la mezcla de dinero público con intereses privados», resalta el documento. Por último, la paralización de la ZAL en La Punta, para los que plantea el uso como infraestructura verde.
No es la primera vez que la CUP se posiciona contra la ampliación norte, que tiene pendiente de adjudicación definitiva la concesión para la explotación de la terminal de contenedores. De hecho, junto a Compromís y ERC promovieron el mes pasado una Proposición no de Ley (PNL) en el Congreso para que se reconsidera este proyecto.
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Asimismo, los independentistas solicitan que se renuncie a proyectos terrestres «asociados a la ampliación del puerto de Valencia», entre los que menciona la duplicación de carriles de la A-7 (el by-pass), la V-30 o la V-31. «En particular, renunciar a construir el acceso norte al puerto», remarcan.
La moción presentada por la CUP en el Congreso no recoge ni una sola mención al puerto de Barcelona, que tiene en marcha su ampliación, un nuevo megamuelle de descarga al norte del paraje de La Ricarda (el mismo que generó la polémica por las afecciones de la ampliación del aeropuerto de El Prat) que prevé tener listo en 2030.
Eso pese a que en enero de este mismo año la Autoridad Portuaria de Barcelona descartaba la actuación porque la capacidad actual de la infraestructura de la Ciudad Condal era suficiente. Sin embargo, unos meses después, daba el visto bueno a la ampliación de la terminal de Grimaldi, con una nueva plataforma en el muelle de Contradique, e iniciaba los trámites para encarar las obras de la cuarta fase de ampliación del muelle Adossat, con la adjudicación de la redacción del proyecto de esta actuación.
Asimismo, tiene en marcha el proceso para la construcción del muelle Cataluña, que se ubicará en la zona sur de este puerto, junto a los muelles Prat y de la Energía. Unas actuaciones que se promocionaron el mes pasado en Valencia, mientras la finalización de la ampliación norte (la primera fase de las obras se ejecutó en 2012 y ahora falta la terminal de contenedores) sigue bloqueada.
A nada de ello hace mención la moción de la CUP pese a que sí recogen la preocupación sobre la laguna de La Ricarda si se produjera la ampliación de El Prat. «Quedaría destruida, afectando a la biodiversidad», se puede leer en el documento.
En el caso de Barcelona, la moción rechaza las actuaciones en el aeropuerto de El Prat, «en especial la ampliación de la tercera pista pero también cualquier obra encaminada a un incremento de su capacidad actual, y la prolongación de la B-40, considerada el cuarto cinturón del área metropolitana de Barcelona y del que ya hay dos proyectos incluidos en los Presupuestos de 2022.
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Para las Baleares, también el foco en su aeropuerto y en la ampliación de Palma-Son Sant Joan y a las obras de reordenación «encaminadas a un incremento de su capacidad actual».
Según la CUP, todas estas infraestructuras son «incompatibles» con los compromisos del Gobierno de reducción de emisiones e implican «gran absorción de dinero».
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