La retribución del permiso de 8 semanas para los padres, en la cuerda floja

La fecha límite para la trasposición de la Directiva Europea de Conciliación de la Vida Familiar y la Vida Profesional, que incluye el disfrute en España del nuevo permiso parental de 8 semanas para el cuidado de los menores de 8 años, es el 2 de agosto y a apenas unos días de que finalice ese plazo el Gobierno de Sánchez aparentemente no ha movido ficha y su socio, Sumar, ha puesto el grito en el cielo, como antes los hicieron sindicatos como USO o UGT.

Esta nueva libranza (incluida en la Ley de Familias y que Ione Belarra vinculó a la 'Vuelta al Cole' cuando lo presentó) está en vigor desde hace 13 meses, pero en la actualidad no es un permiso retribuido, por lo que corre de cuenta del progenitor que lo pida. Lo que establece la normativa que tiene que aplicar España es que el permiso sea retribuido total o al menos parcialmente (Yolanda Díaz propuso pagar la mitad, 4 semanas), pero a pocos días del fin de la fecha se trata de un asunto que el Gobierno de coalición abordará en la negociación de los Presupuestos, con lo que su aplicación se retrasará hasta 2025, según apuntaba la agencia Efe.

Tienen derecho a esta libranza tanto un progenitor como el otro y la pueden disfrutar por días o por semanas, toda de una vez o año a año, pero nunca uno solo de ellos al completo (16 semanas), porque es personal e intransferible.

Sumar ha presionado al PSOE y a Sánchez con la publicación de hasta cuatro spots subrayando que «cumplir el pacto de Gobierno es nuestra obligación», pero las opciones se agotan A falta de una semana, para cumplir con este mandato en tiempo y forma el Ejecutivo no tiene más que un camino: aprobar la medida por real decreto-ley en el Consejo de Ministros del martes 30 de julio, disposición que entraría en vigor en cuanto lo indicase el documento y que, en cualquier caso, para mantener su validez debería ser ratificada, antes de final de agosto, por la mayoría del Congreso.

Sin embargo, todo apunta a que esto no va a ocurrir y a que el Gobierno español, como ha sucedido en el pasado con ejecutivos precedentes y otras directivas, superará el 2 de agosto sin mover ficha e incumpliendo el mandato obligado de la UE, con lo que se arriesga, además de a un rapapolvo comunitario, a una sanción por su infracción.

De hecho, si este real decreto-ley no se aprueba de inmediato, el asunto muy posiblemente volverá a quedar aplazado hasta comprobar, a partir de septiembre, si el Ejecutivo llega al otoño con capacidad de continuar la legislatura y de sacar adelante unos Presupuestos para 2025, donde debería incluirse la partida, según explica el periodista de Colpisa Alfonso Torices.

En paralelo o como segunda opción, el pago público de al menos una parte del permiso de crianza podría introducirse y comprometerse, vía enmienda, en la Ley de Familias, cuya tramitación está prácticamente paralizada en la Comisión de Derechos Sociales del Congreso desde hace cuatro meses, ante la falta de un clima propicio a la búsqueda de consensos durante un invierno-primavera que ha encadenado duelo tras duelo electoral.

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