Seis empresas optan a instalar cajeros en 124 pueblos valencianos para frenar la despoblación

Desde Presidencia, departamento del que depende la Agencia Valenciana Antidespoblamente (Avant), confirman a este diario que hay dos bancos y cuatro firmas de sectores relacionados con la actividad financiera que se han presentado al concurso público. De ellas, dos ya han enviado toda la documentación y a cuatro se les ha pedido información extra para formalizar su candidatura. En Avant admiten que están muy satisfechos con una disposición que ha costado materializar y aseguran que con esta respuesta ya se puede arrancar la iniciativa

En unas semanas se analizarán todas las solicitudes y se anunciará cuál es la empresa que llevará a cabo un servicio para el que hay asignados 1,26 millones de euros. Una cifra que justo esta semana la conselleria de Hacienda ha rebajado en 800.000 euros, tal y como consta en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). En un primer momento, se esperaba un desembolso de en torno a 15.000 euros por cajero pero con la modificación se deberá ajustar el presupuesto o reducir el número de los mismos si se quiere llegar a todos los municipios que lo solicitaron. La adjudicación está dividida en lotes por lo que podrían ser varias empresas las beneficiarias.

En la Comunitat Valenciana, al igual que en toda España, el número de sucursales bancarias ha caído en picado en los últimos años. La conselleria de Hacienda estima que desde 2008 se han perdido más de la mitad de las casi 5.000 con las que se contaba antes de la crisis. Las principales entidades, con el despliegue de los servicios por internet, han apostado por el cierre de una infinidad de oficinas y tras la fusión de Caixabank con Bankia se espera que siga así aunque el proceso se ha condicionado a que no desaparezcan de determinados municipios donde son la única opción.

La relajación de las condiciones para poder optar a la convocatoria ha tenido un efecto positivo. La primera convocatoria fue retirada antes de tiempo ante la evidencia de que ninguna firma estaba dispuesta a dar el paso. Por ello, el Consell apostó por eliminar cuestiones como la necesidad de un lector de tarjetas, los servicios de asistencia permanente y que sólo pudieran optar bancos.