La semilla para alcanzar a Europa

¿Objetivo? Crear en España un marco regulatorio específico para las empresas innovadoras que permita atraer talento e inversiones y, al mismo tiempo, situarse al nivel de otros países europeos. Una ley que, además, llega en un momento clave para el ecosistema español de startups pues, según un informe de la consultora PwC, en la última década su valor se ha multiplicado por veinte su valor hasta alcanzar los 83.000 millones. En total, hay 11.100 startups que emplean a 140.000 personas, lo que sitúa a España como el cuarto país europeo en número de este tipo de empresas tras Francia, Reino Unido y Alemania.

La normativa, que se espera que entre en vigor en enero de 2023, define por primera vez qué es una startup, incorpora beneficios fiscales, reduce la burocracia y favorece la atracción de los llamados nómadas digitales, entre otros aspectos. Sin embargo, también tiene carencias en temas como las cuotas de autónomo o la atracción de talento. Eso a pesar de haber sido consensuada con el sector. Por eso, las voces valencianas consultadas por LAS PROVINCIAS hablan de punto de partida y de paso de gigante por lo que supone de reconocimiento hacia esta industria. Es, utilizando la terminología de startups, la semilla para mejorar la situación de estas empresas, que en la Comunitat superaron el millar, según datos de 2021.

«Era necesaria una legislación específica para el ecosistema innovador y tecnológico ya que las startups que lo componen tienen unas características muy concretas que hacen que no puedan asimilarse a pymes o empresas tradicionales. La ley supone un paso adelante firme en la transformación económica y empresarial de este país. Y nos permite empezar a competir en igualdad de condiciones con los países de nuestro entorno en atracción de talento e inversión», asegura el presidente de Startup Valencia, Juan Luis Hortelano.

En la misma línea, el director general de Lanzadera, Javier Jiménez, para quien la ley «es positiva pero a la vez tiene carencias». En el lado positivo, que, a su juicio, supondrá mejoras en aspectos como la agilización del visado para los nómadas digitales, «una medida que atraerá talento y enriquecerá el ecosistema español al facilitar la tramitación de visados y regularizar el pago de impuestos de no residentes».

En la parte negativa, puntos de «dudosa repercusión», como los relacionados con los incentivos fiscales, ya que eleva los mínimos exentos. «Rebajar el tipo del Impuesto de Sociedades del 25% al 15% es una medida que realmente no aplica a una gran parte de las startups emergentes que sólo dan pérdidas durante sus primeros años. Y esta cláusula es aplicable a los cuatro primeros ejercicios desde que la base imponible sea positiva», explica el responsable de la aceleradora impulsada por el empresario Juan Roig.

Que no era una demanda del sector y que el impacto será reducido por la propia evolución de una startup es también la conclusión de Álex Valero, cofundador del vehículo de inversión First Drop; Enrique Penichet, socio fundador de DraperB1, y Roger Álvarez, managing partner de Bondo Advisors. Para este último, son «medidas cosméticas», ya que suma la mejora de la tributación de los 'carried interest' (comisión de las gestoras de capital riesgo) y lamenta que no se haya sido más ambicioso con el tratamiento fiscal de las 'stock options', que ahora retrasan su tributación al momento en que se hacen líquidas.

Para Penichet, otro de los problemas es que deja fuera a las 'scaleups' y startups con una trayectoria más amplia y, además, pone sobre la mesa otro punto que une a todos los expertos consultados: la propia definición de startup que recoge la normativa. Y es que el periodo en que se considera que la empresa es de nueva creación se limita a cinco años (o siete en ciertos sectores).

«Esto deja fuera a muchas empresas porque están en sectores con facturación elevada o porque no han alcanzado aún los plazos de maduración», añade Álvarez. Incluso si la startup es comprada por un grupo «ya no se considera emergente aunque cumpla los requisitos», puntualiza Borja de Gabriel, socio de Fiscal de Andersen.

Para Valero, además, la ley tendría que haber sido más ambiciosa en el tema de las contrataciones, ya que esta tipología de empresas necesita «modelos de contratación más flexibles», o en las cuotas de autónomo, que siguen siendo «la losa» para las startups que inician su actividad y no tienen un negocio consolidado.

Pero también hay puntos positivos, como la agilidad burocrática, explica Borja de Gabriel, ya que se ha intentado acelerar los trámites y se ha mejorado la identificación de los extranjeros no residentes. Un salto que mejora la posición de España respecto a otros países de su entorno, como recuerda Patricia Pastor, directora general de GoHub, el 'hub' de innovación abierta de Global Omnium. «Éramos el país más retrasado con diferencia. No llegamos a Estonia, donde el 95% de los trámites son digitales pero se ha mejorado», comenta. Eso sí, añade, «hay mucho margen de mejora, no olvidemos que la digitalización está en el 'core business' de estas empresas».

Ella es quien menciona su preocupación por la captación y retención del talento, una de las carencias de la ley ya que se tendría que haber actuado en frente como la educación. «En nuestra industria falta talento; hay una guerra brutal por conseguirlo», reflexiona. El motivo es que hay una oferta no cubierta por la demanda porque faltan personas formadas en el ámbito tecnológico.

¿Y qué esperan los actores del ecosistema valenciano? Impulso pero sin acelerón podría ser el resumen. Para Álex Valero (First Drop), «contrarrestar la caída del apetito inversor derivado del contexto económico actual aunque en el aspecto del emprendimiento no cambiará mucho». «Se queda a medio camino pero es una muestra de apoyo a las startups de hoy que serán las grandes empresas del futuro. Y España tenía una carencia», comenta Roger Álvarez (Bondo Advisor).

«Era una aproximación a la necesaria mejora de la situación de las startups en España, pero es evidente que queda trabajo por hacer y hay determinados escenarios que la ley no lo contempla y por tanto no les da solución», reflexiona Javier Jiménez (Lanzadera).

Para Patricia Pastor (GoHub), «permitirá atraer talento» y, sobre todo, «sirve para atender a las necesidades de esta industria. Forma parte del PIB de este país y, si tiene especificaciones específicas hay que adaptarse». A lo que añade la necesidad de que los empresarios valencianos entiendan que aliarse con las startups es «un 'win-win' de manual, es una relación necesaria para que sus propios negocios se adecuen a la nueva economía».

Y, como resume Borja de Gabriel (Andersen), «se intenta atraer talento, incentivar a los empleados que trabajan en estas empresas emergentes y fomentar la atracción de la inversión extranjera». Aspectos clave para garantizar un tejido empresarial sólido a largo plazo.