Supermercados y hosteleros se preparan ante la llegada de la ley contra el desperdicio alimentario

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Por su parte, la distribución de la Comunitat lleva la delantera en este asunto, tal y como cuenta Asucova –la patronal que representa a firmas como Mercadona, Consum y Masymas–. «La mayoría hace tiempo que colaboran con ONGs para donar el alimento que está cerca de caducar y no se ha vendido. Las que falten se irán adaptando para cumplir la nueva ley», señala Pedro Reig, director de la asociación valenciana.

Por su parte, Mercadona implementa diversas medidas para la prevención del desperdicio alimentario, entre las que se encuentra el ajuste de los precios de los productos con fecha de caducidad próxima; los pedidos diarios a los proveedores de producto y servicios diarios a tienda, evitando el stock en almacenes y supermercados. A esto se suma otro recurso: la entrega de los productos no aptos para el consumo a gestores autorizados que los transforman en abono, energía o pienso para animales. Por último, están las donaciones diarias de los excedentes no vendidos a entidades sociales de proximidad, algo que se contempla en la futura ley estatal. «A raíz de esta última estrategia, la compañía donó en 2022 un total de 25.100 toneladas de productos de primera necesidad a más de 550 comedores sociales y 60 bancos de alimentos y otras entidades benéficas con las que colabora en España y Portugal; un 22% más que en 2021», indican desde la firma de Juan Roig.

Consum, por su parte, ha donado a través de su Programa Profit 4.770 toneladas de alimentos a colectivos vulnerables en los primeros siete meses de 2023, por un valor de 14,9 millones de euros. «Con este programa de gestión responsable de alimentos, la cooperativa reduce el desperdicio alimentario y minimiza además su impacto en el entorno, ya que con esta donación se ha evitado la emisión de 1.669 toneladas de CO2, que habría generado si se hubieran convertido finalmente en residuos», destacan desde la cooperativa valenciana.

El texto aprobado el pasado martes es una norma que se encontraba ya en el Senado durante la pasada legislatura, pero que decayó por la disolución de las Cortes Generales. El Gobierno ha considerado prioritario retomar esta iniciativa legislativa y aprobar este proyecto de ley en el primer Consejo de Ministros de 2024, para su posterior tramitación parlamentaria. Con este marco legislativo, las empresas de hostelería tendrán la obligación de facilitar al consumidor que pueda llevarse los alimentos que no haya consumido y se establece un código de buenas prácticas.