Uno de cada tres empleados públicos valencianos tiene un contrato temporal

De hecho, según el informe, uno de cada tres trabajadores públicos valencianos todavía tiene un contrato temporal, después de que la tasa de temporalidad haya crecido en 3,7 puntos hasta superar el 35%. Un porcentaje que se encuentra también por encima de la media nacional, situada en 29,5%, tras haber bajado más de tres puntos porcentuales desde 2022. Un movimiento derivado, especialmente, de la enorme cantidad de fijos discontinuos con los que sigue contando el territorio valenciano, que al término del mes de abril se situaban por encima de los 90.000. Desde el sindicato consideran que no todo vale a la hora de firmar nuevos contratos fijos, ya que se debe perseguir el objetivo de conseguir empleo de calidad.

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De modo que desde USO CV reclaman una regulación verdadera para aplicar el contrato de fijo discontinuo, al considerar que es una equivocación «generalizar este tipo de contrato», como lamentaba Vicente Forner, secretario de comunicación y salud laboral del sindicato: «El mal uso de este contrato desde la reforma laboral ha precarizado una figura que era clave para los trabajadores estacionales. Le podemos cambiar el nombre, pero es temporal igual».

En el sector privado, por contra, la temporalidad ha descendido en los últimos dos años. Al inicio de la puesta en marcha de la reforma laboral, uno de cada cuatro trabajadores de la Comunitat eran temporales, mientras que ahora la tasa de temporalidad entre las empresas privadas es de un 12,3%. En el cómputo general, la Comunitat finalizó el primer trimestre de 2022 con una tasa de temporalidad del 25,5 %, que entonces superaba en más de un punto a la media nacional. Al cierre del primer trimestre de 2024, esa diferencia entre la región valenciana y el resto del país se mantiene, pero la tasa ha disminuido hasta situarse en un 16,8%.

Además de la temporalidad, los trabajadores públicos valencianos también han percibido una pérdida de poder adquisitivo desde la entrada en vigor de la reforma laboral. El análisis realizado entre las subidas salariales y la evolución del IPC desde 2022 muestra que la pérdida ha sido de 3,1 puntos porcentuales en el sector público y de 2,9 para aquellos del sector privado regidos por un convenio. Un descenso que no se compensa con el incremento de los precios, que, según el sindicato, genera «una situación de empobrecimiento».

Para poner freno a esta situación, la secretaria general de USO CV, Maica Imbernón, ha exigido que se encarezca «el precio del despido» y que se controle el precio de todo aquello «que le repercute al ciudadano de a pie en su cuenta de banco», como son el precio de la vivienda y de la cesta de la compra, «dos de las preocupaciones fundamentales que tiene la sociedad en general y la Comunitat en particular», según Vicente Forner.