El TSJ tumba la ofensiva de Climent contra la libertad horaria

Carpetazo a la vía judicial impulsada por el Consell para suprimir las zonas de libre apertura en festivo que declaró el PP en 2013 en Valencia y Alicante, a raíz del cambio normativo que obligó a ambas ciudades a dar libertad horaria al comercio y que, ahora, Compromís exige modificar a cambio de apoyar los presupuestos elaborados por el Gobierno de Pedro Sánchez.

La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat descarta que la declaración de zonas turísticas en Valencia fuese lesiva para el interés general, como planteaban desde la conselleria que dirige Rafael Climent para acabar con esa autorización inicial y diseñar desde cero los horarios comerciales. En el fallo, al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, los magistrados imponen 8.000 euros en costas a la Generalitat.

Este revés, en cualquier caso, no afectará al cierre en uno de cada tres festivos pactado por el sector precisamente para evitar más pleitos, y plasmado ya en la ley autonómica, según aseguró ayer el director general de Comercio, Natxo Costa, quien descarta recurrir esa sentencia.

Según los magistrados, «la falta de consenso no es motivo de nulidad» y, en este caso, «no se ha justificado mínimamente que sea contraria al interés general» esa declaración de zonas turísticas por falta de audiencia a los afectados. En este sentido, argumentan que las asociaciones, empresarios y sindicatos supuestamente perjudicados, y que apoyaban esa declaración de lesividad, «no recurrieron en su momento ni en vía administrativa ni judicial» esa medida, vigente cuatro años.

Se trata del último episodio de la ofensiva iniciada hace dos años por los gobernantes de Compromís, básicamente el conseller Climent y el director general de Comercio, para revisar las zonas de libre apertura que autorizó el PP. Ese 'plan B' nació tras verse obligados a tumbar la restricción de la libertad horaria impulsada en ambas ciudades tras el cambio de gobierno, meses después de ordenar el cierre, por los errores que detectó la Abogacía General de la Generalitat en la tramitación.

La primera opción de Climent entonces fue emplear el reproche de la Abogacía acerca de no haber dado audiencia a los afectados para acabar con las zonas declaradas en 2013, con un procedimiento similar, pero el Consell Jurídic Consultiu descartó una revisión de oficio y abrió la puerta a recurrir a los tribunales.

En plena negociación con el sector para que las grandes superficies renunciasen a la libertad horaria de la que gozaban todo el año en ciudades como Valencia y Alicante, desde Comercio abrieron la vía judicial con el argumento de que no podían aparcarla porque expiraba el plazo y el compromiso de retirar su demanda si se llegaba a un pacto.

No obstante, el ansiado acuerdo del comercio sobre las aperturas en festivo se firmó en diciembre de 2017 y la ofensiva judicial se mantuvo.

Desde Comercio negaron ayer haber incumplido lo pactado con el sector. A preguntas de este periódico, Costa justificó que no retirasen la demanda planteada por la vía contencioso-administrativa para acabar con las cuatro zonas turísticas que declaró el PP en Valencia -a las que se sumó después el entorno de la avenida de las Cortes Valencianas por decisión judicial- con el argumento de que, en las fechas en las que se dictó esa sentencia, aún estaban pendientes del resultado de la negociación con el Gobierno central para evitar que llevase ante el Tribunal Constitucional la última restricción de la libertad horaria.

Se da la circunstancia de que la sentencia está fechada el pasado 19 de septiembre pero «por error informático», según el TSJ, no había sido notificada hasta hace escasos días.

Ese mismo día, de hecho, se produjo la reunión de la comisión bilateral entre la Generalitat y el Estado en la que el Gobierno socialista dio por buena la modificación normativa sobre horarios comerciales y enterró los reparos planteados por el ejecutivo de Mariano Rajoy.