Uber deja Valencia al cambiar la normativa y Cabify opta por seguir mientras pleitea

Uber lo advirtió y, al igual que dejó de operar en Barcelona, ha tomado la decisión de abandonar Valencia este sábado 1 de junio, día que entra en vigor la normativa de la Generalitat que restringe su actividad. En concreto, la norma obliga a los usuarios a contratar el servicio de alquiler de vehículo con conductor (VTC) con 15 minutos de antelación, lo que supone «una restricción incompatible con la inmediatez» de su servicio, según denuncia la compañía en un comunicado. «Mientras estudiamos nuestras opciones de futuro, nos vemos obligados a suspender el servicio de UberX en Valencia», señala en su escrito, emitido ayer.

Por su parte, Cabify ha optado por seguir ofreciendo sus servicios pero confía en que la norma valenciana será tumbada en los tribunales. «El Decreto ley aprobado por la Generalitat será declarado inconstitucional y revocado por los tribunales en un futuro próximo en beneficio de los ciudadanos de la Comunitat», afirma la empresa, que declara estar dispuesta «a cargar con el elevado e injustificado coste de adaptar su modelo de negocio» para seguir «dando respuesta a las necesidades y aspiraciones de los usuarios y también de los visitantes que cada año tienen como destino la Comunitat».

La suspensión de servicios de Uber supondrá la pérdida de 160 empleos en Valencia, según indica la multinacional, además de que la expropiación de licencias VTC tendrá un coste de al menos 166 millones de euros, según un informe de la consultora Ernst & Young (EY)–.

En Valencia, Moove Cars es una de las mayores operadoras de VTC –hay una decena– y está participada por el fondo americano King Street y empresarios como Jaime Castellanos. Según indica, casi todos los trabajadores cuentan con un contrato indefinido a tiempo completo y se preveía contratar más.

Por su parte, la asociación Unauto VTC reprocha al alcalde de Valencia, Joan Ribó, su «falta de preocupación por cientos de trabajadores» afectados por la marcha de Uber y destaca que tanto taxis como vehículos de alquiler con conductor «tienen el mismo derecho porque ambos son un servicio al público».

Esta reacción se debe a las declaraciones de Ribó, quien afirmó «no» estar «nada preocupado» por la decisión de la plataforma de dejar Valencia. «Pensamos que el taxi es un servicio público y Uber no es un servicio público, y por tanto, primero el servicio público y luego, las otras cosas», agregó. Sin embargo, la patronal le respondió que «el taxi no es ningún servicio público sino que, como los VTC, se trata de un servicio al público».

Además, la asociación lamenta que la Generalitat haya «cedido a las presiones e imposiciones del sector del taxi» que, según critica, «lo único que busca es eliminar al resto de alternativas de las calles para perpetuar su monopolio».

Por otro lado, el responsable de la Confederación de Taxistas Autónomos, Fernando del Molino, desconfía del anuncio de Uber sobre su cese de actividad en la capital valenciana y cree que esta firma seguirá operando.