La confusión generada por el decreto que publicó la Generalitat el pasado 16 de junio para reactivar la vivienda de protección oficial (VPO), que ahora recibe el nombre de vivienda de protección pública (VPP), comienza a cobrarse sus primeras víctimas. Es el caso de ... un valenciano que cuenta a LAS PROVINCIAS cómo la inexactitud de la norma le ha obligado a paralizar la venta de su vivienda, con el riesgo implícito de perder 20.000 euros, cantidad que ha invertido en concepto de arras para la compra de otro inmueble que ahora tampoco puede adquirir al no disponer del dinero de la venta bloqueada.
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«En mi caso, estaba a punto de firmar la venta de mi piso en Benimámet, una VPO de 1978 de precio libre. Justo la semana anterior nos hemos enterado de los nuevos requisitos y nuestro comprador, que no reside en Valencia, no los cumple, por lo que la compraventa se ha paralizado», explica David a este periódico, quien añade que perder esos 20.000 euros sería «una catástrofe» para él.
Cabe recordar que este decreto ha causado confusión desde que entró en vigor. Desde el Colegio de Registradores de la Comunitat indicaron que la norma había generado «un debate interno» en el seno de la institución debido a falta de claridad sobre a qué inmuebles se puede aplicar. «No se concreta sobre si estos nuevos requisitos se deben aplicar en las nuevas viviendas de VPO o las que estaban con esta calificación anteriormente», señalan desde el colegio valenciano, que incide en que se trata de una problema de «interpretación jurídica» que, lógicamente, deriva en una falta de uniformidad de criterio.
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Ante esta situación, los profesionales concluyeron que cada uno aplique la norma como considere. Por su parte, desde el Colegio de Notarios de Valencia aseguran que también han optado por que cada uno aplique su propio criterio.
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Mientras tanto, David ha decidido acudir al Prop para tratar de agilizar la descalificación de la vivienda como VPO. «No tengo muchas esperanzas, es algo que suele tardar varios meses. Por otra parte, entiendo que la idea de este decreto no era que se aplicase a las VPOs antiguas y que esto es solo una consecuencia de una mala redacción que puede que se corrija. Quizás me estoy agarrando a un clavo ardiendo, pero tengo que explorar todas las vías para no perder el dinero», cuenta el afectado. «El mismo notario me dijo que el decreto «no tenía ni pies ni cabeza», agrega.
Por su parte, la Generalitat ultima una circular para aclarar la interpretación de la norma. En concreto, desde la Dirección General de Vivienda confirman a este periódico que ya está «hecha la tramitación» del texto aclaratorio para su publicación en el DOGV, por lo que no debería tardar demasiados días.
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Tal y como explican desde el Colegio de Notarios de Valencia, parte de estas paralizaciones pueden deberse a que los compradores no se hayan inscrito en el registro de demandantes de vivienda, que es uno de los nuevos requisitos que implica el decreto..
Por tanto, las operaciones que estaban pendientes no se pueden firmar si el interesado no se encuentra en el sistema que ha habilitado la Generalitat para los demandantes de VPO. Se trata de un procedimiento que puede realizarse en la propia web de la institución valenciana. «Por ese motivo se estarán retrasando operaciones, pero no tenemos constancia que se estén paralizando de forma masiva», destacan desde el colegio valenciano.
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La publicación de este decreto ha requerido más de dos años de tramitación desde su impulso por parte de la conselleria, que ha respondido a la reivindicación del sector promotor de actualizar los precios de las obras ante el encarecimiento de las materias primas.
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