La inacción del gobierno central bloquea la construcción de más de 700 nuevos pisos públicos

Una problemática que afecta de manera directa a la provincia de Valencia, donde se mantiene en 'stand-by' la construcción de 450 viviendas en régimen de alquiler asequible distribuidas entre Gandía, Silla y la ciudad de Valencia así como las 358 viviendas de protección pública previstas para las parcelas del Cuartel de Ingenieros.

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En el caso de las primeras, la falta de ofertas en el concurso para llevar a cabo el proyecto provocó un retraso considerable, ya que quedó desierto en primera instancia y solo tuvo un interesado en el segundo intento a pesar de contar con 21,1 millones de fondos europeos para poder sufragar los proyectos. Finalmente, la adjudicación se produjo en el mes de julio, pero la empresa todavía sigue a la espera de la confirmación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) acerca de la financiación solicitada. De modo que todavía no se ha concedido la licencia de obra, la construcción se mantiene paralizada y, si no se aceleran los trámites administrativos, las ayudas de los fondos Next Generation-EU pueden correr peligro.

Una vez se agilice ese procedimiento, las viviendas se edificarán en tres parcelas en La Torre de Valencia, dos en Santa Anna en Gandía y una en la calle L´Horta de Silla, cuya propiedad pertenece a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha). Con ello está previsto que 122 pisos se proyecten en Gandía; 41 en Silla; y 287 en Valencia.

La situación es similar en el caso de las viviendas de uso público proyectadas para las parcelas del Cuartel de Ingenieros de Valencia, cuya construcción también se mantiene bloqueada debido a una falta de acuerdo entre la Generalitat y la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Las parcelas para la construcción de esas 358 viviendas de protección pública, que también cuentan con una ayuda de 18,8 millones procedente de la Unión Europea, son propiedad del Sepes y deberían haber sido cedidas de forma gratuita, tal y como se refleja en los acuerdos bilaterales suscritos entre la Generalitat y el Ministerio. Por el momento, la cesión no se ha producido a pesar de las múltiples conversaciones mantenidas entre ambas administraciones en busca de soluciones.

De hecho, en la última Comisión Sectorial de Vivienda el secretario autonómico, Sebastián Fernández, solicitó el desbloqueo de estas parcelas para que pueda comenzar la construcción de unas viviendas que deberán estar acabadas antes de junio de 2026 si se quiere obedecer a los plazos marcados por la Unión Europea para recibir las subvenciones.

Ante este nuevo panorama de parálisis, la vicepresidenta segunda y consellera de vivienda, Susana Camarero, ha pedido «un ejercicio de responsabilidad para la agilización de los trámites» al gobierno central a través de una carta dirigida a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez para que se puedan ejecutar los proyectos y no se pierdan las ayudas correspondientes. La problemática de la vivienda pública preocupa en el seno de un Consell que este martes presentará el 'Plan Vive', para desarrollar 10.000 nuevas viviendas asequibles en régimen de venta y alquiler para jóvenes y familias de la Comunitat.