La UPV anticipa una avalancha de solicitudes de vivienda protegida en enero

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El director de la Cátedra, Fernando Cos-Gayón, explica a este periódico que la construcción de VPP «impactará de lleno» en el tensionado mercado de la vivienda y permitirá bajar hasta un 30% los precios. Sin embargo, este efecto no se notará hasta dentro de tres años, el periodo medio de construcción. «Anticipamos una avalancha. Mucha gente va a querer comprar en Valencia. Una vivienda de 60 metros cuadrados podrá costar 140.000 euros. Pero hay un plazo de tres años desde que se compra hasta que se habita. Así que los precios del alquiler continuarán elevados», señala el experto, que destaca la vinculación entre la falta de obra nueva con los precios de segunda mano y, a su vez, con la situación del mercado del alquiler. «Pero todavía no está el reglamento que desarrolla el decreto de VPP», agrega Cos-Gayón.

El sector promotor confía en que ese reglamento se desarrolle en las próximas semanas, de manera que permita licitar la construcción de esos primeros 1.500 inmuebles antes de que acabe el año, tal y como asegura Carlos Mazón. Mientras tanto, el PSPV afea al jefe del Consell que ningún municipio haya cedido todavía suelo en los seis meses que lleva el plan en marcha para construir las miles de viviendas asequibles.

«Hay que tener en cuenta que esos concursos de suelo están en el ámbito de una regulación jurídica que se tiene que desmarañar. Nos consta que se están ordenando las bases de más concursos de suelo para este año. Esperamos que el reglamento del decreto se apruebe antes de que acabe el año», señalan desde la Asociación de Empresas Promotoras de Valencia (Aprova) a este diario.

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Según explica, hasta que no se haga el reglamento, difícilmente saldrán adelante más concursos de suelo. «La aprobación del reglamento va por trámite de urgencia. Se tienen que vislumbrar asuntos como los derechos de superficie», agrega la asociación, que incide también en la necesidad de que el Gobierno apruebe la ley del suelo, cuya votación frustraron los socios del Psoe. «Esa es la que simplificaría mucho los trámites para hacer vivienda de protección pública. Tanto desarrolladas desde el ámbito público directamente como desde el privado. Entre otras cosas, contempla el silencio administrativo positivo, una medida que agilizaría la construcción», inciden.

Por lo que respecta a la fase de alegaciones al decreto, desde el sector promotor han planteado medidas para «mejorar trámites administrativos», así como una serie de aclaraciones sobre algunas disposiciones. «Todo para que la tramitación sea lo más rápida y transparente posible», afirma Aprova, que no ha tratado de reclamar una subida del precio del módulo de VPP, que finalmente se ha quedado en 2.400 euros frente a los 2.700 que solicitaban en un principio para, según ellos, hacer frente a los costes.