Clamor en los pueblos de la Pista de Silla tras el crimen de Florina

Los municipios de la Pista de Silla en los que se extiende la prostitución de carretera clamaron al unísono ayer una ley de abolición de la trata y ordenanzas que permitan multar a los 'puteros', como los denominó el alcalde de Albal, Ramón Marí, sin pelos en la lengua «porque hay que llamarlos por su nombre». Esta petición coincidió con el minuto de silencio organizado por el consistorio albalense por el asesinato de la joven de 19 años, Florina, que ejercía la prostitución junto a la V-31, como otras tantas que hay repartidas en las vías de servicio de la autovía desde Silla hasta Valencia.

En la convocatoria estuvieron presentes la delegada del Gobierno, Gloria Calero, y la directora general del Instituto Valenciano de las Mujeres, María Such. En relación con el caso de Florina, Calero avanzó que continúan las investigaciones y que la autopsia arrojará más datos. «Ya está bien», apuntó la delegada «es preciso una ley que proteja a las prostitutas y que pase por denunciar a los clientes para acabar con la impunidad en la que se mueven y no permitir que la hipocresía se prolongue más tiempo», remarcó. Calero quiso dejar claro que «no se trata del oficio más antiguo del mundo sino de la forma de violencia más antigua».

En esta línea Such insistió en esta misma idea, «la prostitución es una esclavitud que hay que abolir en el siglo XXI desde las instituciones pero también desde la sociedad», comentó. Según explicó, «el 95% de las prostitutas son víctimas de trata aunque estos datos no se consideran como violencia de género y no entran dentro de las estadísticas estatales por eso es necesaria una ley abolicionista».

Such recogió las palabras del alcalde de Albal «para hacer lo posible contra los puteros». Además, recalcó que se han inspeccionado 179 prostíbulos pero el 80% de las mujeres que ejercen están en las calles. Para ello, la Generalitat dispone de un servicio específico que atiende a las víctimas de explotación sexual, apuntó, y pidió a los mandatarios a trabajar codo a codo, «para sacarlas de las calles y del prostíbulo».

Ramón Marí lanzó una consigna de unión entre los representantes municipales presentes para conseguir un municipio y una comarca libre de explotación, «una forma más de machismo», y anunció que Albal se sumará a la red de localidades libres de trata y propondrá a la Mancomunitat de l'Horta Sud, que integra a 20 ayuntamientos, que haga lo mismo.

Hasta ahora los municipios de la V-31 como Silla, Albal, Catarroja, Massanassa, Alfafar y Sedaví han tratado de luchar con medios propios contras la explotación sexual en sus términos con ordenanzas que proponen multar a los 'puteros' y prestando asistencia social a las prostitutas. Pero ha sido una batalla perdida en cuanto las prostitutas se van desplazando de un municipio a otro huyendo de las restricciones para ejercer.

El alcalde de Beniparrell, Voro Masaroca explicó que las multas a los clientes van de los 150 a los 300 euros y que la Policía Local «tiene el tema muy controlado». En Catarroja, estudiaron la posibilidad de instaurar una vigilancia permanente pero desistieron y procedieron a prestar ayuda asistencial a las mujeres que ejercen en la zona a través del programa Viogen.

Alfafar impuso multas aunque solamente consiguió que las prostitutas se desplazaran de la zona comercial a la otra parte de la Pista de Silla, sin erradicar el problema. El único que ha obtenido resultados ha sido Silla. Su alcalde, Vicente Zaragozá explicó que en 2017 redactaron una ordenanza de convicencia ciudadana y hace dos años se sumaron a la red de municipios libres de trata. «No tenemos a nadie que ejerza la prostitución», aseguró.