Afectados por la Ley de Costas de Dénia augura que la normativa valenciana no tendrá problemas de constitucionalidad

La sentencia del Tribunal Constitucional avalando la Ley de Costas de Galicia, hecha pública este martes, parece que puede despejar el camino a la normativa valenciana en la que trabaja la Generalitat. Aunque la problemática y las características de ambas comunidades son diferentes, desde la asociación Afectados por la Ley de Costas de Dénia han augurado este viernes que la ley valenciana de ordenación del litoral no tendrá problemas de constitucionalidad.

En un comunicado, el colectivo ha incidido en que una de las preocupaciones del gobierno gallego era salvaguardar la industria conservera y la pesca de aguas interiores ante la subida del nivel de mar que puede experimentar la zona a consecuencia del cambio climático. Ese efecto, según recalca, no es mínimo en la costa mediterránea.

Asimismo, ha señalado que los estatutos de ambas zonas prevén la competencia autonómica en materia de ordenación de litoral, pero no explícitamente la gestión y concesión de títulos de ocupación de dominio público marítimo terrestre. No obstante, ha matizado que el fallo del Alto Tribunal, en ese aspecto, ha refrendado la constitucionalidad de la normativa gallega al opinar que está enmarcada dentro de la propia ordenación del litoral.

Fuentes cercanas al colectivo han explicado que, si bien contempla la gestión del litoral, Galicia tendrá competencias limitadas, al no poder entrar en cuestiones como los deslindes o la regeneración del litoral, que no estarían transferidas. Y son precisamente estos dos aspectos los que más preocupan en la costa valenciana.

En ese sentido, han explicado que la propuesta gallega estaría más enfocada a salvar las propiedades que ya han pasado a dominio público, ya que la Xunta de Galicia que preside Alfonso Rueda podría evitar las demoliciones al tener la potestad de prorrogar las concesiones. Sin embargo, la principal lucha en estos momentos en el litoral valenciano se centra en frenar los deslindes y evitar que las propiedades privadas de los vecinos pasen a formar parte del dominio público.

Sobre este último aspecto, Afectados por la Ley de Costas de Dénia ha denunciado la presión mediática y administrativa sobre sus propiedades, «derecho que pretenden agotar de facto con una usurpación sin compensación económica». Vecinos con viviendas dentro del ámbito de los deslindes han lamentado que en algunos medios hayan indicado que van ha recibir una contraprestación monetaria a cambio de esa expropiación, cuando en realidad van a dejar de ser propietarios de sus viviendas, algunas de ellas pertenecientes a las familias durante varias generaciones construidas cumpliendo la legalidad vigente en esa época. Tan sólo les permitirán vivir en ellas durante un periodo determinado de tiempo, sin poder obrar en ellas y, al final, teniendo que demoler las casas con coste a su propio bolsillo.

En cuanto al estado de la Ley de Costas valenciana, el periodo de un mes de consulta pública concluyó hace unas semanas. En ese plazo recibió más de un centenar de alegaciones y sugerencias, la mayoría de ellas mostrando su respaldo a que la Generalitat proteja el litoral. Ahora, con todo ese material recopilado, la Dirección General de Costas, Puertos y Aeropuertos puede avanzar en la elaboración del proyecto que elevará a ley.

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