Víctimas presionan para que se obligue a los jueces a cruzar datos en caso de maltrato

Tras el crimen vicario que acabó con la vida de Jordi, un niño de 11 años, la Coordinadora Feminista y la Asociación Alanna le han transmitido a la consellera de Justicia de la Comunitat Valenciana, Gabriela Bravo, que consideran necesario que el sistema de registros de apoyo a la administración de justicia (SIRAJ) sea de consulta obligada en casos de maltrato. Aunque la adopción de esta medida es competencia del legislador a nivel estatal.

«Lo que queremos lograr es que los medios que tenemos funcionen», ha declarado la representante de la Coordinadora Feminista, Cándida Barroso. «Que todos los operadores jurídicos puedan entrar en el sistema nos ha quedado clarísimo. Es voluntario». En tono sarcástico, ha pronunciado: «Parece ser que a sus señorías no se les puede obligar a consultar el SIRAJ». Aún así, ha demandado la presencia de 'buenos profesionales' que accedan a la plataforma para hacer las comprobaciones pertinentes.

Además, ha valorado: «Hay errores, poca autocrítica y una pobre evaluación en los sistemas que tenemos para proteger mujeres y criaturas. Lo pagamos todos y todas».

Barroso defiende: «No podemos permitirnos ni una víctima más». La Coordinadora Feminista persigue que se deje de descargar toda la responsabilidad en la mujer a la hora de realizar este tipo de trámites y se tenga más en cuenta la situación en la que se encuentran.

Tras la reunión, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha anunciado que entre las medidas presentadas por las víctimas de violencia de género para futuras actuaciones se contempla que el Ministerio Fiscal esté presente en las comparecencias con una posición más activa. La consellera ha continuado destacando la necesidad de que se haga una mayor utilización de los informes de valoración integral del riesgo, haciendo especial hincapié en aquellos procedimientos que involucren menores.

Desde la Asociación Alanna han mostrado una actitud más crítica en la reunión con la consellera de Justicia de la Comunitat Valenciana. «Luchamos para que la voz de las víctimas sea escuchada de primera mano por las instituciones y se vean los fallos constantes que tiene la Administración de Justicia. Por eso valoramos muy positivamente la reunión», ha declarado su vicepresidenta Virginia Sanchis.

«Tenemos que acabar con el maltrato institucional que se está diciendo desde la ONU que tenemos en España un sesgo discriminatorio hacia las mujeres y sus criaturas porque no se les cree», ha mantenido Sanchis.

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