La Agencia Antifraude busca sede nueva. El alquiler del inmueble ubicado en el número 14 de la calle Navellos, y por la que paga ... un alquiler de 10.000 euros al mes, se ha quedado pequeño. O eso viene a explicar la entidad que dirige Joan Llinares. Esa es la principal motivación del procedimiento de contratación de un nuevo inmueble que ha puesto en marchga la entidad. Un procedimiento por el que la entidad valenciana creada en 2017 viene a responsabilizar tanto a Les Corts como a la dirección general de Patrimonio de la conselleria de Hacienda, a los que señala por no haber adscrito a la Agencia «un inmueble administrativo, de titularidad pública».
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Antifraude viene quejándose con reiteración del hecho de tener que pagar un alquiler a pesar de que la administración autonómica dispone de inmuebles vacíos. La Agencia que dirige Llinares depende de Les Corts, de manera que debería de ser la Cámara la que le buscara una sede fija. Y en su defecto, la dirección general de Patrimonio es la encargada de la gestión de los bienes inmuebles de titularidad de la administración autonómica. En su día, durante el propio debate de creación del organismo ya se estableció que la sede de Antifraude estaría ubicada en el edificio de la antigua Casa de los Caramelos. Pero esa reforma no está lista, y Antifraude sigue demandando una sede «en aras de la optimización de los recursos públicos».
En el informe de necesidad de la contratación del nuevo arrendamiento la Agencia alude al «progresivo incremento del número de puestos de trabajo». En el momento de creación de esta entidad, recuerda, se aprueba una relación provisión de puestos dotada con 33 funcionarios y funcionarias. «Sin embargo, la consolidación de esta entidad y el conocimiento cada vez más exhaustivo de las cargas ha supuesto un incremento progresivo del número de puestos de trabajo», que para 2022 alcanzaría las 55 personas, un 66% más en apenas seis años de vida.
Además, explica que la distribución de espacios de la actual sede en Navellos, «además de resultar insuficiente para acoger a los nuevos puestos de trabajo, no posibilita desplegar a la Agencia alguno de sus fines y acciones, tales como la atención de becarios, universitarios, reuniones simultáneas de trabajo con personal propio o ajeno, un aula de lectura, etcétera». En su justificación, Antifraude añade que «resulta de interés general comprobar la adecuación de la actual renta arrendaticia que es abonada en estos momentos a los precios de mercado».
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Hasta aquí la necesidad. Otra cosa son las exigencias. Antifraude, en el pliego de prescripciones técnicas pide que la nueva sede disponga de una superficie útil mínima de 575 mstros cuadrados, localizados en planta baja, entreplanta o planta de piso, ubicada en el centro histórico o zonas adyacentes –correspondientes a los códigos postales del 1 al 10 de la capital–. Se valorará la distancia del inmueble respecto de Les Corts y estar ubicado en zona con buena comunicación y servicios de transporte público.
En cuando a los espacios, Llinares pide un despacho de al menos 20 metros cuadrados, otros cuatro de al menos 14 metros cuadrados, para las direcciones funcionales, así como salas técnicas y zonas comunes y de despachos para los empleados.
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