Antifraude destapa otro chiringuito del Botánico y exige que la Fundación Ellis sea pública

La situación de descontrol en el sector público también ha llegado a la Agencia Antifraude, que se ha pronunciado al respecto. En este caso, señala directamente a una Fundación que, pese a tener la consideración de privada, ha venido recibiendo subvenciones de la administración autonómica. De hecho, el pronunciamiento de Antifraude es a raíz de una denuncia que pone de manifiesto esa contradicción.

Se trata de ELLIS Alicante. Antifraude considera que esta Fundación, una entidad creada en mayo del año 2020 con el apoyo del Gobierno del Botànico para impulsar la investigación sobre inteligencia artificial en la Comunitat Valenciana con la consideración de privada, debe convertirse en una entidad pública, similar a una sociedad instrumental, para seguir recibiendo dinero de la Generalitat.

Así se explica en un escrito firmado por el director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana, Joan Llinares, emitido a raíz de una denuncia en la que se alertaba de la naturaleza privada de la Fundación ELLIS pese a que el grueso de su financiación procede del Ejecutivo autonómico.

Antifraude hace suyas las conclusiones de dos informes de la Dirección de Abogacía de la Generalitat, emitidos en noviembre de 2022 y enero de 2023, en el que consideraba que tanto ELLIS como otras dos entidades, el Centro Internacional para la Investigación del Envejecimiento como el Valencian Graduate School and Research Network of Artificial Intelligence (valgrAI), tienen «naturaleza pública debido a que reciben de forma recurrente subvenciones nominativas públicas que constituyen su principal fuente de financiación».

Esto implicaría tener no solo un control total de las cuentas, sino también de la toma de decisiones de la Fundación, ya que al pasar a formar parte del sector público instrumental sus órganos de dirección serían elegidos por el Gobierno valenciano.

La financiación de la Fundación ELLIS Alicante fue polémica en sus orígenes porque el dinero para su funcionamiento provenía de la Conselleria de Innovación, dirigida entonces por la socialista Carolina Pascual, y uno de los patronos fundadores era su marido, Adolfo Albadalejo, profesor de la Universidad de Alicante e ingeniero en Telecomunicaciones.

El compromiso adquirido por el entonces presidente de la Generalitat, Ximo Puig, es que el Botànic iba a presupuestar 1,5 millones de euros anuales para financiar la Fundación, pero lo cierto es que, según ha podido saber este diario, nunca ha recibido esta cantidad: en 2021 apenas ejecutó el 6,1 % del importe total (97.000 euros) después de tener que devolver más de 130.000 euros de los 230.000 de gastos corrientes al considerar que eran no subvencionables.

En 2022 su aportación fue del 23,5 % (353.000 euros) y en 2023 algo más del 30 % (unos 450.000 euros). La propia ELLIS renunció el año pasado de de manera voluntaria a más de un millón de euros de la aportación mediante un escrito remitido a la Generalitat. Estas cantidades se destinan a gastos de funcionamiento, mientras que la partida destinada a investigación es de 100.000 euros.

Finalmente, Antifraude inadmite la denuncia al considerar que no hay objeto de investigación posible precisamente porque «no hay duda tras los diferentes informes jurídicos emitidos, sobre la naturaleza jurídico-pública de la Fundación ELLIS», y porque la propia Conselleria, dirigida entonces por la sucesora de Carolina Pascual, la también socialista Josefina Bueno, se comprometió a iniciar «las actuaciones necesarias para el debido cumplimiento de las conclusiones» contenidas en el informe. Sin embargo, no consta que se haya hecho nada para formalizar la situación con la Fundación, algo que sí ha sucedido con las otras dos entidades sobre las que Abogacía de la Generalitat alertaba.

ELLIS Alicante es una de las unidades que forma parte de red de investigación de Inteligencia Artificial del mismo nombre, que cuenta con 30 centros en 14 países europeos e Israel. Está dirigida por la investigadora Nuria Oliver, quien también fue nombrada por Ximo Puig como comisionada de la Generalitat para la Inteligencia Artificial. Su objeto, según consta en su página web, es crear «un equipo de investigación de primer nivel», centrado «en la investigación ética de la Inteligencia Artificial enfocada en la relación entre las personas y los sistemas inteligentes».

En su página web, ELLIS se presenta como la primera unidad española dentro de la red europea ELLIS para la investigación de excelencia. «Es la única unidad de ELLIS que se ha creado como una fundación de investigación independiente sin ánimo de lucro, con espíritu de startup científica», explica. «Nuestro objetivo es ser un laboratorio de investigación líder en IA ética, responsable y centrada en el ser humano», se añade.

En cuanto a sus patrocinadores, y después de una etapa caracterizada por la ausencia de firmas de peso, se puede encontrar a Intel como la entidad considerada de 'categoría oro' por su apartación. El conjunto de empresas que aparecen como patrocinadores es de poco más de una docena, y la mayoría de ellas ha realizado una aportación de hasta 5.000 euros. Cantidades poco significativas en comparación con ese 1,5 millones de euros con el que se comprometió en su día el Botánico, a pesar de que la escasa ejecución de la Fundación le ha llevado a no ejecutar ni de lejos esa cantidad de fondos públicos proporcionados por el Botánico.

En su portal de transparencia, la Fundación Ellis explica que las actividades de funcionamiento e investigación son «parcialmente financiadas en 2023 por un Convenio Singular entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo y la Fundación de la Comunitat Valenciana Unidad ELLIS Alicante. También recibimos financiación de la Fundación Banco Sabadell, Intel, Balearia, Universidad de Alicante, Nippon Gases, Fundación Esperanz Pertusa, y de otros donantes y colaboradores».

La consideración de la Fundación ELLIS como pública permitiría a la administración autonómica y a sus órganos fiscalizadores controlar tanto el uso de los fondos públicos como la toma de decisiones que se adoptara desde la misma.

La Fundación Ellis Alicante se define en su página web como «la primera unidad española dentro de la red europea ELLIS para la investigación de excelencia. Es la única unidad de ELLIS que se ha creado como una fundación de investigación independiente sin ánimo de lucro, con espíritu de startup científica».

Una iniciativa abrigada por el Gobierno de Ximo Puig –Presidencia habilitó a la investigadora Nuria Oliver como comisionada del Consell para la inteligencia artificial y el estudio de datos contra el coronavirus–, que, no obstante, no se ha librado de la polémica. Primero, porque uno de los socios fundadores fue el marido de la exconsellera de Innovación Carolina Pascual, de quien colgaba este centro privado. Y, sobre todo, por la ayuda directa que el Consell aprobó para la fundación, por importe de 1,5 millones anuales, sin concurso.

La Sindicatura de Comptes analizó en su día una ayuda que el Gobierno valenciano dio en 2020 a la Fundación ELLIS para llevar a cabo unas encuestas covid. En concreto, de los 120.000 euros de la ayuda, sólo se emplearon 63.899 euros.

De ese importe, 36.300 fueron para pagar servicios facturados por la investigadora principal tanto para la realización parcial de las encuestas como para su divulgación. Como resultado de las actuaciones efectuadas por la Generalitat, quien concedió la subvención, en septiembre de 2021 se propuso el reintegro del 48,9% de la subvención por importe de 58.643 euros, por haber incumplido las obligaciones del acuerdo.

El envoltorio de la Inteligencia Artificial y la actuación contra el covid no impidió que el órgano dirigido por Vicent Cucarella pusiera en duda en su momento la necesidad de la concesión a dedo de la ayuda. «No se acreditan razones objetivas que dificultan la concurrencia pública para la realización de la actividad subvencionada, incumpliéndose la ley», señaló.

La consecuencia de la advertencia fue la decisión de la conselleria de Innovación, en julio de 2022 –ya con Josefina Bueno de consellera–, de aprobar una resolución por la que ordenaba a Ellis la devolución de esa cantidad. Innovación solicitó la devolución, pero la Fundación Ellis recurrió la resolución. La subsecretaria de la conselleria rechazó ese recurso de reposición en noviembre de 2022, pero Ellis volvió a recurrir, esta vez por la vía del contencioso-administrativo.

Y hasta aquí. La conselleria de Bueno remitió al TSJ la información que le solicitaba. Eso sí, remarcando también que el departamento comparecía en el presente recurso «en defensa del mantenimiento del acto recurrido», es decir, a favor de que la Fundación Ellis devolviera el dinero que se le había solicitado inicialmente.