La Audiencia rechaza ahora la abstención del ponente del juicio a Zaplana

Este magistrado fue denunciado hace más de dos décadas por el letrado Vicente Grima, uno de los más respetados penalistas de Valencia. El abogado sostenía una grave acusación: que el magistrado había recibido un soborno. El caso no llegó a juicio. El Tribunal Superior de Justicia, órgano encargado de enjuiciar a los aforados -los jueces y fiscales lo son- decretó el archivo de las actuaciones.

Este hecho, la supuesta enemistad entre magistrado y letrado, ha motivado que a lo largo de los últimos dieciséis años, el juez se abstuviera en cualquier asunto en el que participara Grima, siempre según el relato de este letrado. Aquí, en el sumario de Erial, no lo había hecho. Grima recurrió la decisión y Megía finalmente cedió.

Sin embargo, los compañeros de la sección resuelven ahora que no procede. El magistrado admite que hasta que la denuncia no se conoció en el diario Levante "no tenía inquina al letrado y no consideraba necesario acudir a la abstención".

El auto que recoge el criterio de los profesionales señala que la enemistad

-"ha de ser evidenciable y patente"- se tiene con la parte, es decir, con el cliente -en este caso sería Vicente Cotino-, pero no con los letrados por lo que no puede prosperar la renuncia del compañero.

Además, la resolución remite al testimonio de Megía, quien admite que no tenía ese sentimiento de enemistad hasta que la prensa, la semana pasada, recoge unas declaraciones del letrado. "No se puede hablar de manifiesta porque no ha podido evidenciarse eso a través de ningún acto externo". No es posible objetivar ese sentimiento como el de una manifiesta enemistad, resume el auto.

Del mismo modo, recuerdan los magistrados que no se puede establecer una norma común en la relación históricoa entre estos dos profesionales y que las abstenciones previas no pueden condicionar las decisiones en este asunto. "Cada caso debe ser analizado con sus circunstancias y partes individualizadas".

Esto abre ahora un escenario diferente. El letrado, como parecer previsible, presentará una recusación contra el magistrado. Comienza entonces un procedimiento diferente, donde un compañero de otra sección Penal de la Audiencia debe decidir si en este supuesto se dan las circunstancias que marca la ley para apartar al profesional al que legítimamente le ha correspondido este asunto.

Esta posibilidad de la recusación -ciertamente probable- generaría un retraso en el señalamiento del juicio, precisamente en una de las secciones que tiene más disponibilidad en el calendario porque se funciona prácticamente al día. La vista, se prevé un juicio de varios meses, podría comenzar a finales de este año o comienzos del siguiente. Será, sin duda, uno de los juicios de corrupción más importantes de los últimos años. Al nivel del caso Cooperación, la Gürtel o Imelsa.

El supuesto cabecilla del conocido como caso Erial es Eduardo Zaplana. La instrucción ha dado por acreditado que disponía de una fortuna oculta en el extranjero procedente del cobro de mordidas por los amaños de los parques eólicos y la privatización de las ITV. Anticorrupción le reclama 19 años de cárcel por estos hechos así como una multa de 40 millones de euros.

Los empresarios José Cotino y Vicente Cotino, por su parte, afrontan una pena de prisión de 14 años. La Fiscalía sostiene que fueron ellos quienes abonaron las cantidades económicas, de varios millones de euros, porque sus empresas obtuvieron enormes plusvalías con las adjudicaciones públicas.

La menor participación del expresidente José Luis Olivas se queda en una petición de seis años. En cualquier caso, castigos muy severos debido a la gravedad de los delitos que se les imputan. El escrito de acusación incluye también al amigo de Zaplana y supuesto testaferro Joaquín Barceló y a su número 2 en la Generalitat, Juan Francisco García. Estos, junto con su secretaria personal, Mitsuoko Hernández, forman el núcleo duro de presuntos colaboradores del exministro en el caso Erial.

LAS PROVINCIAS informó en su momento del movimiento de algunos letrados para tratar de llegar a un acuerdo de conformidad, un pacto con la Fiscalía a cambio de una reducción de pena. En esa negociación estaba Juan Francisco García. Tras publicarse la noticia se sucedieron los desmentidos de los protagonistas. No se descarta -de hecho suele ser habitual- que conversaciones de esta naturaleza se retomen a medida que se acerca el inicio del juicio. Hasta el mismo día de la vista hay tiempo.