El cabecilla de Azud planeaba entrar en el negocio de los huertos de marihuana

Llaman la atención sus anotaciones a mano, una actividad que hoy parece ya abandonada o reducto de un club de la nostalgia. En una de sus agendas, en octubre de 2020, recogió: «huerto de marihuana». Sin más aclaraciones. Unos días más tarde, ya en noviembre, apunta los siguientes pasos para materializar su propuesta tras una supuesta reunión con un tal Francisco Miguel.

En sus papeles, revela la idea de un cultivo de 20 hectáreas. Una superficie más que considerable ya que equivale a una veintena de campos de fútbol. Se plantea, de igual modo, «pedir presupuesto» del alquiler del terreno y de los agricultores. De igual modo, contempla como variables relevantes el coste de los suministros de agua y la necesidad de un «invernadero de 10.000 metros cuadrados».

Se pregunta, además, por las semillas, los costos y por cómo se deben cultivar, «por la recolección y los secaderos». Quizá dos de los aspectos más significativos llegan al final de su plan, a quién se vende luego y cómo se consiguen los permisos para cultivarla: «cómo conseguir licencia», escribe.

En España este negocio está acotado a un número muy limitado de empresas. Las mercantiles deben contar con un permiso del Ministerio de Sanidad y únicamente se puede hacer con fines terapéuticos y de investigación. En una respuesta parlamentaria de 2018, el Gobierno informó de que sólo existen 20.000 hectáreas legales de esta planta.

Febrer se ha dedicado fundamentalmente a la promoción urbanística. El empresario está investigado por el pago de comisiones a dirigentes del PP (Alfonso Grau) y del PSPV (Rafa Rubio) a cambio de que facilitaran o no interfirieran en sus respectivos proyectos en la ciudad de Valencia. El más importante, sin duda, el conocido en el sumario de Azud como «colegios».

El Tribunal Supremo condenó al Ayuntamiento de Valencia a pagar cerca de 30 millones de euros a varias órdenes religiosas. Un grupo de empresarios, liderado por Febrer, se hicieron cargo de la deuda a cambio de varias parcelas para construir en la ciudad. Los peritos calculan que con esta operación las arcas públicas perdieron 14 millones.

En la investigación a Febrer también constan pagos a José María Corbín, excuñado de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Los investigadores sostienen que eran ingresos por servicios ficticios, únicamente con la intención de obtener una posición privilegiada en el trato con la administración.