Un cargo de Igualdad imputada por la gestión del caso del ex de Oltra critica a la fiscalía y los magistrados que condenaron al educador

La responsable acaba de presentar un escrito en el juzgado -no pide nada- para tratar de contextualizar las diligencias abiertas y donde adelanta su versión de los hechos. El documento, que supera el centenar de folios, supone un extenso y, en ocasiones, repetitivo discurso de defensa de la labor de la vicepresidenta y por extensión de su conselleria, pero incluye también duros reproches a la Fiscalía y a los magistrados de la Audiencia que dictaron la sentencia condenatoria.

El letrado de la directora reflexiona acerca de la credibilidad de la menor y sus antecedentes. No se olvida tampoco de lanzar dardos contra las acusaciones particulares y populares, «un intento de la extrema derecha» por hacer política contra Compromís. Al principio de su escrito plantea con sorpresa que las únicas denunciadas en todo este procedimiento sean mujeres. No concreta a qué puede deberse esa circunstancia.

El escrito contiene duros mensajes hacia el papel del ministerio fiscal y los magistrados de la Audiencia pese a que en la investigación abierta ahora no se va a discutir sobre la condena inicial. Así, apunta que sembraron «la duda» acerca del papel de los profesionales dependientes de la Conselleria por no creer a la menor cuando otras personas y entidades tampoco lo hicieron, sostiene el letrado. También arremete contra la perito del Instituto de Medicina Legal que sí que confió en la versión de la menor y asegura que sólo se entrevistó una vez con ella, un año después de los hechos, y, además, utilizó una metodología que otra experta desaconseja.

El análisis de la sentencia condenatoria no se detiene en ese punto. Llama la atención acerca de que la Audiencia no le prestara la suficiente atención al testimonio de una compañera de la víctima que, según le relató esta, indicó que el educador se masturbaba pero no obligaba a la menor a que lo hiciera.

Las alegaciones de Fenollosa inciden en el perfil de la víctima y recopila sentencias del juzgado de Menores y actuaciones policiales, más de una decena, donde la joven nunca habló de los abusos que sufría. Tratan de presentarla como una joven problemática algo que, por otra parte, tampoco resulta extraño en una persona que ha pasado toda su vida en centros de protección.

Fenollosa no tiene dudas acerca del interés generado con este asunto, la presencia del exmarido de Oltra. «También es la explicación de por qué una sentencia, sin haber oído previamente a la conselleria, ni haber solicitado ninguna declaración ni ninguna documentación, recoge tan extensa referencia y efectúa tantas conjeturas y especulaciones».

Aborda otro episodio conflictivo, el avance del procedimiento penal y el hecho de que la Conselleria abra un expediente de información reservada para profundizar en lo que había ocurrido. Arremete la responsable contra el representante del Ministerio Fiscal que acudió a juicio porque al mezclar esas «actuaciones administrativas correspondientes a dos periodos temporales distintos, a sabiendas que no era cierto lo que se afirma» puede generar «una indeseable percepción de falta de objetividad, en este caso, del ministerio público». Se considera -añade el escrito- que alimentar «forzadas confusiones sin ningún tipo de fundamento, y totalmente carente de pruebas, sólo sirve para desprestigiar las instituciones».

El expediente, según esta tesis, era necesario y pertinente aparte de ser un procedimiento habitual en asuntos de esta naturaleza. Ataca de nuevo la actuación de los magistrados. «Aunque resulte inexplicable, en ningún momento se requirió a la Conselleria de Igualdad que se remitiera el expediente administrativo completo».

Otras de las cuestiones controvertidas radica en por qué no se comunicó la existencia de ese expediente a la Fiscalía. La versión del ministerio público es que se remitió dos años después, tras la sentencia condenatoria. Y en parte la propia Oltra lo reconoció en la rueda de prensa que dio en diciembre de 2019. Pero aclaró que contaban con otro dosier, en teoría un resumen de ese expediente, en la Fiscalía de Menores.

 A ese es el que parece aludir ahora Fenollosa. «Se desconoce por esta parte cuáles fueron los motivos que llevó al Ministerio Fiscal en ese momento, y en los dos años posteriores, a no hacer mención ni incorporar al expediente judicial los citados documentos». El letrado insiste en esta misma crítica. «Tampoco conocemos los motivos por los cuáles el Ministerio Fiscal, si consideraba que era necesario, no solicitó que el Juzgado requiriese al Instituto Espill o a la conselleria para aportar más documentación, que se referencia en el informe remitido, y de la que tenía constancia el ministerio público». Todo este incidente generó en su momento una enorme tensión en las relaciones entre la conselleria y la Fiscalía de Valencia.

La representación legal de Fenollosa recuerda en su escrito las numerosas explicaciones que ha dado la vicepresidenta en Les Corts. Conviene recordar en este punto que la consellera no está investigada. De hecho, no puede estarlo. Pero el escrito de la directora territorial parece más enfocado a esa labor de la vicepresidenta que a la suya propia, de la que apenas concreta su papel. «Nadie de la administración ha sido enjuiciado», repite. «Oltra no ha tenido oportunidad de expresarse», subraya en otro momento para indicar que nunca ha declarado en sede judicial.

Recuerda que con el PP no existía un protocolo de denunciar los casos a la Fiscalía y que esto lo pone en marcha Oltra después del caso de su expareja. Durante buena parte del documento, se limita a relatar el papel que ha jugado la oposición en este caso de abusos y su empeño en llevar esta delicada materia para que se investigue por la Unión Europea.