La juez levanta parte del secreto del caso Azud, que salpica al PP y PSPV tras más de cinco años de pesquisas

Casi cinco años de secreto de sumario del conocido como caso Azud se han terminado parcialmente hoy con un auto que levanta la medida extraordinaria de una macroinvestigación de corrupción que arrancó muy focalizada en el despacho profesional de José María Corbín, el cuñado de Rita Barberá. A estas alturas de la investigación, el asunto cuenta con al menos cinco piezas separadas sobre las que todavía se mantendrá el secreto al igual que sobre parte de la documentación intervenida en los registros. La juez de la causa no cuenta ahora con refuerzos en el juzgado.

El inicio de este caso pudo ser alguna derivada del caso Taula, la causa que había comenzado dos años atrás, justo antes de los comicios de 2015, sobre el posible blanqueo de 50.000 euros en el seno del Grupo Municipal Popular. El asunto ha sido archivado recientemente por la Audiencia de Valencia al no hallar suficientes indicios de que el dinero procedía de una actividad ilícita.

Sin embargo, las pesquisas iniciales no tardaron en ofrecer nuevos vértices tras el análisis de la agenda personal del constructor Jaime Febrer. El promotor inmobiliario fue detenido en aquella primera fase de la operación policial, en abril de 2019, pero su perfil no parecía ser el del cabecilla que trasladan los investigadores en la segunda etapa de este dispositivo cuando, de nuevo, fue arrestado.

Tras su pase a disposición judicial ingresó en la prisión de Picassent. En algún momento de la investigación se analizó la disponibilidad de fondos en el extranjero por parte de este empresario. Estas indagaciones, al parecer, no dieron resultado. El investigado fue puesto en libertad. Idéntica decisión se adoptó respecto al resto de investigados, como Rafael Rubio o Alfonso Grau, los dos líderes políticos con más relevancia en esta causa.

Las investigaciones, que suman más de medio centenar de imputados, pueden poner en un grave compromiso a los dos principales partidos con representación parlamentaria. Por un lado, el PP. Las pesquisas arrojarían luz sobre la supuesta corrupción de los populares de la ciudad de Valencia. Hasta la fecha, el juzgado de Instrucción 18, avalado por la Audiencia, ha llegado a la conclusión, siempre de carácter indiciario, de que la organización se financió con fondos opacos en las campañas de 2007 y 2011. Dos de las elecciones en las que Rita Barberá arrasó en el Consistorio.

Los fondos de esas campañas procedían de los principales contratistas del Ayuntamiento que realizaban esas 'donaciones' a las agencias de cabecera de los populares. Pero, al margen de esa actividad para el partido, algunos particulares, como el caso de Corbín, también pudieron aprovecharse de esa situación de privilegio, según apuntarían las investigaciones. Sería, de nuevo, otro golpe a la ejemplaridad del PP que recientemente había conseguido virar el foco hacia los problemas judiciales del hermano de Ximo Puig y la gestión que la Conselleria de Igualdad hizo sobre los abusos del exmarido de Mónica Oltra.

Pero las diligencias tampoco apuntan a que beneficiarán políticamente al PSPV. Una línea de estas pesquisas está enfocada directamente a si el partido pudo beneficiarse de algún modo del principal corruptor de la trama, Jaime Febrer. De hecho, la imputación de Pepe Cataluña, histórico dirigente del PSPV y hombre fuerte de las finanzas de la organización, señalan esa posibilidad, junto al papel que ejerció José Luis Vera, un abogado con fuertes vínculos con el partido.

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