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Una de las últimas reuniones del Consell. lp

La chapuza de Transparencia con la nueva manera de contratar de la Generalitat

El Consell vuelve a prorrogar el plazo para que los acuerdos públicos tengan cláusulas sociales, pero la Conselleria se equivoca en las fechas

M. Hortelano

Valencia

Viernes, 18 de noviembre 2022, 01:02

Hay normas que nacen ya malditas. O cuanto menos, con mala entrada. Ese ha sido el caso del decreto del Consell que regula la inclusión de cláusulas sociales en todos los contratos públicos, que el Gobierno valenciano aprobó el pasado mes de agosto. Con ... el texto se formalizaba la intención del Botánico de fijar por ley en todos los contratos públicos la necesidad de que los contratistas cumplieran con parámetros sociales como no realizar operaciones en paraísos fiscales, determinadas condiciones económicas, la obligación tener plantillas mínimas o medidas mínimas de planificación.

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En su día, con la publicación del texto legal en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGV), el Consell ya dio una patada hacia adelante con su norma, y estableció una moratoria de tres meses para empezar a aplicar la norma. Un plazo que se hubiera cumplido este jueves, pero al que el Ejecutivo valenciano ha vuelto a dar un nuevo plazo, que sitúa la entrada en vigor del polémico decreto ya con todo paralizado por las elecciones autonómicas y municipales.

Pero, hasta para publicar esa ampliación hasta la entrada en vigor de la norma ha habido chapuza administrativa. Y es que la Conselleria de Transparencia y Participación, de donde emana el texto legal, publicó el lunes el acuerdo del Consell en el DOGV, pero sin incluir en el nuevo texto el plazo por el que la norma quedaba paralizada. Es decir, se quedaba como estaba a pesar de que el Consell, en su reunión del viernes pasado había aprobado un decreto ley para subsanarlo. De hecho, el propio Ejecutivo tuvo que publicar una versión bis del propio Diario Oficial para subsanar mediante una corrección de errores que, semanas atrás, ya había provocado un cisma en el Consell, con voces encontradas en defensa y contra el nuevo texto.

El Consell cambió los plazos por decreto ley el viernes, publicó el acuerdo mal en el DOGV y tuvo que corregirlo

Hasta la semana pasada, el Consell buscaba cómo mantener en barbecho esta norma que no terminaba de convencer a una parte del Botánico y a parte de la patronal, porque suponía un problema administrativo en un momento poco oportuno, ya que era necesario revisar y cambiar numerosos contratos públicos, en plena efervescencia de los contratos para recibir, por ejemplo, fondos europeos. Pero, tras varias reuniones, el Botánico optó por el decreto ley de nuevo, y evitó de paso los trámites de consulta pública, audiencia e información pública.

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De hecho, distintas fuentes aseguraron que en principio se había preferido alargar esa moratoria hasta un año completo, con la negativa de departamentos como la propia Transparencia, que era partidaria de que entrara en vigor lo antes posible. Pero, finalmente se ha impuesto el criterio más conservador en el seno del Botánico para no entorpecer los procesos de contratación en un momento especialmente delicado.

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