La Comunitat vuelve a ser la peor financiada de todas las autonomías

Si las comunidades autónomas jugaran una liga económica en la que se contabilizara la suficiencia de cada una para poder mantener sus servicios públicos, la Comunitat habría descendido hace un lustro. Y no porque la valenciana gaste más de lo que ingresa, que también, sino porque el dinero que el Gobierno central reparte cada año a las comunidades autónomas para financiarlas ha dejado un ejercicio más a la valenciana como la que recibe un trato más injusto. Según el informe de la Fundación de Estudios Avanzados (Fedea) sobre la liquidación de la financiación en 2017, la Comunitat sigue siendo el farolillo rojo de las autonomías en cuanto a fondos que recibe. En concreto, un mismo ciudadano, por el hecho de vivir en un territorio u otro puede recibir 2.330 euros por cabeza o 2.971 euros, dependiendo de si reside en Alicante, Valencia o Castellón o lo hace en Santander.

El informe de Fedea, elaborado por Ángel de la Fuente, el experto de cabecera en materia de financiación del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, ahonda un año más en la situación que la Comunitat sostiene año tras año. Así, un valenciano recibe 2.330 euros al año para que el Consell haga frente a todos sus servicios públicos. Una cantidad que queda 198 euros por debajo de la media de lo que reciben todas las comunidades autónomas, 641 euros por debajo de lo que reciben los Cántabros, o 117 euros menos de lo que recibe un vecino castellano manchego. La situación, lejos de mejorar con las insistentes reclamaciones del Gobierno valenciano, se mantiene estable en la zona más baja de la tabla. Y la provisionalidad lleva ya cinco años, desde que el modelo de financiación actual caducara, en 2014.

El debate sobre la reforma de la financiación autonómica ofrece algunos hechos incontestables y uno de ellos es que la Comunitat Valenciana ocupa la cola de la clasificación. Según los datos de Fedea, a raíz de las cifras del Ministerio de Hacienda, el Consell recibió 11.411 millones de euros en 2017. La cifra supone, en términos absolutos, la cuarta más elevada de todas las regiones, por detrás de Andalucía, Cataluña y Madrid. De la Fuente introduce algunos ajustes en la cifra, como la homogeneización de tributos, que deja los ingresos en 11.204 millones de euros. Pero es en términos relativos, cuando se introduce el factor de la población para conocer el impacto real de esos ingresos sobre cada ciudadano, cuando se obtiene un resultado muy distinto.

De hecho, el mismo informe señala que cada valenciano recibe 2.330 euros «en financiación homogénea por habitante ajustado», es decir, a mismas competencias y teniendo en cuenta la población de la región. Es cifra es, junto con la de la vecina Murcia, la más baja de todas las comunidades de régimen común. La media de todas ellas se situó en 2017 en 2.528 euros por habitante. Sólo otras cuatro regiones reciben una aportación por debajo de esa media: Murcia (2.340 euros), Galicia (2.524 euros), Andalucía (2.414) y Castilla-La Mancha (2.447 euros).

La que encabeza esa clasificación per capita es Cantabria, puesto que cada ciudadano de esa región recibió en 2017 un total de 2.971 euros, es decir, 641 euros más que cada valenciano. El informe de Fedea traslada también esos datos absolutos a términos relativos. Si la media española está en 100, el dato de la Comunitat Valenciana correspondiente a 2017 se sitúa en el 94,5. La cifra es ilustrativa porque permite comparar a qué distancia está la financiación per capita de cada valenciano respecto a la media española. En 2017 la Comunitat se situaba en un 94,5, cinco décimas y media más cerca de la media, en el puesto más alejado de todas las autonomías.

Los datos sobre la liquidación de la financiación ponen de manifiesto la urgencia de la reforma del modelo. Una bandera de la que el Consell del Botànic ha venido haciendo gala desde su llegada al Palau de la Generalitat pese a que, tras la moción de censura y la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, el tono reivindicativo se ha visto significativamente reducido. El pasado lunes, aprovechando su reunión con Compromís en Valencia, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, anunció que el Gobierno reformará el modelo de financiación en el primer año de legislatura, pero lo cierto es que la promesa se ha producido ya en innumerables ocasiones.

En su informe, el profesor De la Fuente advierte además de importantes consecuencias fruto de esa falta de Gobierno en España. De hecho, alerta de que la situación para el presente ejercicio es «incierta» porque no existe presupuesto general del Estado aprobado ni el Ejecutivo puede tomar medidas por otras vías. Recuerda que las cuentas para este año, rechazadas en el Congreso, contemplaban 105.282 millones de euros en entregas a cuenta que, sumadas a la liquidación pagada este verano habrían supuesto unos ingresos totales por cuenta del sistema de financiación de 111.385 euros, con un incremento del 6,33% respecto a 2018. Sin embargo, reconoce el experto en financiación, que se están realizando entregas provisionales calculadas a partir de las previsiones de ingresos de 2018. «Si hubiera nuevo Gobierno en otoño, se podría aprobado un Real Decreto Ley para modificar las cuantías en base a nuevas previsiones pero en el momento de escribir este informe, no está claro que vaya a ser así», dice.

Los ingresos de las comunidades autónomas bajo el actual sistema de financiación autonómica provienen de la recaudación de los tributos cedidos total o parcialmente por el Estado y de sus participaciones en una serie de Fondos que canalizan transferencias estatales hacia los gobiernos regionales y redistribuyen recursos entre ellos. El más importante de estos fondos es el llamado Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales. La dotación total del Fondo fue de 83.042 millones de euros en 2017, un 2,4% más. Los ingresos tributarios homogéneos se elevaron un 3,9% en el ejercicio 2017, hasta alcanzar los 100.572 millones de euros. Los ingresos cedidos tradicionales repuntaron un 0,35%.