Las concesiones a Junts tensan la frágil entente arancelaria entre el Gobierno y el PP

Después de haber logrado incluir algunas propuestas en el texto que recoge medidas como 5.000 millones de euros en avales ICO, instrumentos financieros de apoyo a la internacionalización por 730 millones y otros 2000 millones en seguros y coberturas a la exportación, el principal partido de la oposición estalló ayer indignado contra Pedro Sánchez por pactar un «cupo arancelario» y se dio por «expulsado» de la negociación. Aunque también aseguró que seguirá atendiendo todas las llamadas que reciba del Gobierno. Y, de hecho, según fuentes gubernamentales, ya lo hizo poco después de esa queja pública.

El origen del choque – que se produjo cuando el presidente del Gobierno estaba a punto de aterrizar en Vietnam, la primera escala, antes de recalar en China, de su breve gira asiática para abrir mercados ante en el nuevo escenario de guerra comercial– está una declaración ante los medios del diputado posconvergente Josep María Cruset para presumir de las cesiones arrancadas, una vez más, al Ejecutivo.

Cruset anunció que Junts apoyará en el Congreso el real decreto antiaranceles, al que el PP no garantiza aún su voto afirmativo, después de garantizarse que en torno a los 3.000 millones de euros de los 14.100 millones que contiene la primera fase del plan gubernamental serán para empresas catalanas, por el peso que tienen en las exportaciones que a nivel nacional se destinan anualmente a los Estados Unidos.

Además, alardeó de haber logrado «corregir»con la intervención de Junts «una nueva operación de recentralización de recursos encubierta por la puerta trasera», después de que Cuerpo les hiciera llegar el domingo por la noche, como al PP y al resto de fuerzas parlamentarias, un borrador del texto aprobado ayer que no incluía una «territorialización» de los recursos destinados a paliar los efectos de los aranceles deTrump, lo que les provocaba «desconfianza» ante un eventual «reparto político» y no técnico de las ayudas.

El diputado posconvergente resaltó también que, entre otras medidas, el pacto incluye igualmente un compromiso de «transparencia y seguimiento» por el que se ha acordado la comparecencia en el Congreso, cada tres meses, del ministro de Economía, para dar cuenta de este despliegue con datos desglosados y por    sectores– algo que también reclamaba el PP– . Y presumió de que se pondrá en marcha un mecanismo de participación entre el Gobierno y la Generalitat para «garantizar» que el despliegue de ayudas «no se lleva a cabo de un modo arbitrario». «Una vez más hacemos el trabajo que no hace el gobierno de la Generalitat, que se limita a hacer de sucursal del gobierno del Estado en nuestro país», reivindicó.

Con cuidado de no desairar a    uno de sus más inestables apoyos parlamentarios, el Ejecutivo trató de matizar el alcance de ese acuerdo y remarcó que, como recoge el propio real decreto, al que el PP tuvo acceso previo, serán las empresas y no las administraciones las que solicitarán «a demanda» la financiación que requieran, independientemente del territorio en el que tengan su sede. «Si hay empresas más expuestas a los aranceles en determinadas regiones, en consecuencia, podrían necesitar más acceso a financiación», explican fuentes del Ministerio de Economía.

Las mismas fuentes aclaran que el seguimiento del uso de los instrumentos puestos a disposición de las empresas «se hará de forma transparente articulando mecanismos de seguimiento con las comunidades autónomas»    –con todas ellas, como también solicitaban los populares–, y a través de la «rendición de cuentas ante las Cortes»

«Lo que tenemos que conseguir es que las empresas que lo necesitan accedan a esos fondos. Eso es lo que permite este texto – defendió Cuerpo más tarde en los pasillos del Senado– y estoy convencido de que puede ser ratificado sin ningún tipo de problema por todos los partidos». El ministro mandó también un mensaje de «tranquilidad» a las empresas que puedan sufrir mayor impacto en este contexto y aseguró que no tendrán necesidad de «competir» entre ellas. «De hecho –prometió–    estos 5.000 millones de avales ICO, que es un techo muy elevado, lo iremos ampliando, por supuesto, en la medida que sea necesario».