El Consell cambia su voto y apoya el déficit de Sánchez tras asumir la deuda de la Marina

El Gobierno central quiere acudir al Congreso de los Diputados más armado que en la última ocasión en la que salió derrotado al no lograr que se aprobara el objetivo de déficit para el próximo trienio. Y no podía asumir que una de las comunidades en las que gobierna el PSOE le diera la espalda, como sucedió el pasado 19 de julio con la abstención del Ejecutivo de la Comunitat Valenciana, aunque ayer llevase los mismos números a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

La diferencia, en esta ocasión, fue que el Gobierno de Pedro Sánchez se comprometió, según anunció el Consell, a asumir una serie de medidas que suponen unos ingresos adicionales de 850 millones de euros para la Comunitat. La más relevante de ellas, y la única que se aplica exclusivamente al territorio valenciano, supone que a través del ICO el Gobierno asume 350 millones de deuda del Consorcio Valencia 2007 -Ayuntamiento de Valencia, Generalitat y Gobierno-. Que el Ejecutivo central aceptase esa condición fue la clave en una negociación que acabaron de cerrar en la mañana de ayer el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el conseller de Hacienda, Vicent Soler, con la ministra de Hacienda, Montero, y su secretaria de Estado, Bardón.

El resto de parámetros a los que las siete comunidades autónomas socialistas, junto con Cantabria y el propio Gobierno, dieron su visto bueno fueron los ya conocidos: elevar dos décimas el déficit público para 2019, del 0,1% vigente al 0,3% del PIB, fijar como objetivos el 0,1% para 2020 y el déficit cero en 2021. Los objetivos de deuda pública autonómicos pasan a ser del 23,7% para 2019, un 23% para 2020 y un 22,2% para 2021. La propuesta del Ejecutivo volvió a contar con la oposición de las cinco comunidades del PP, además de Canarias.

A las medidas aprobadas ayer hay que añadir que el Gobierno central refinancia 1.000 millones de la deuda de la Comunitat a corto plazo y la convierte en deuda a largo plazo. La autonomía valenciana acumula ya un agujero de 45.000 millones.

Esta medida le dará algo de liquidez al Consell, al igual que el aumento del techo del déficit al O,3 % que le permitirá disponer de 245 millones de euros más, según fuentes de Presidencia. De la misma manera, el Gobierno se comprometió a corregir el efecto derivado de la aplicación del sistema de recaudación del IVA en todas las autonomías, lo que evitará a la Comunitat Valenciana tener que devolver al Gobierno 250 millones de euros el año próximo. Esta fue una medida aprobada por el Gobierno del PP que estaba previsto aplicarse en 2019.

El presidente Puig destacó que ha habido «un cambio de actitud por parte del Gobierno de España». En especial, ese cambio se ha experimentado en lo tocante a la deuda arrastrada por la Marina, que el anterior Ejecutivo desoyó, a pesar de que fue un asunto reclamado por el Ayuntamiento del PP que comandó Rita Barberá, por los gobiernos autonómicos valencianos de los populares y por el actual titular de Hacienda, Vicent Soler, que se ha encargado de reclamar que el Ejecutivo central asuma esa deuda tanto al gabinete de Rajoy como al de Sánchez. En ese sentido, Puig indicó que se trata de «una reivindicación histórica» que el actual Gobierno ha asumido en la segunda reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que ha comandado.

El jefe del Consell destacó que los 245 millones procedentes de la relajación del objetivo de déficit -contribuyen a aumentar la deuda- serán ingresos adicionales destinados a servicios básicos como sanidad, educación y atención social, y valoró la reestructuración de la deuda.

«En este contexto es en el que se ha llegado a un acuerdo por el que se aumentará el déficit autorizado, en el que se materializara un cambio respecto al IVA y se producirá la refinanciación de parte de nuestra deuda», declaró Puig.

El jefe del Consell incidió en que hay que destacar que «si bien no estamos ante una solución definitiva, sí hay que valorar los avances transitorios hasta la resolución de un nuevo modelo de financiación».

Por su parte, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, aseguró que la flexibilización del 0,1% del PIB planteado por el anterior Gobierno a un 0,3 % «es necesaria aunque siga siendo insuficiente dada la situación de infrafinanciación crónica que padece la Comunitat, acreditada por todos los expertos a nivel nacional».

El conseller de Hacienda celebró los acuerdos alcanzados con el Gobierno, pues a su entender «evidencian la actitud reivindicativa de la Generalitat y también que ahora hay un Ejecutivo que es sensible a los problemas de las comunidades autónomas y en concreto de la Comunitat Valenciana, que es capaz de dialogar y negociar, cuando antes nos encontrábamos permanentemente ante un muro de silencio».

Vicent Soler, que interrumpió su periodo vacacional para participar en el encuentro telemático de los miembros del Consejo de Política Fiscal y Financiera, también destacó que en el transcurso de esa reunión que «hemos visto además otras medidas, la más importante de ellas, la decisión de iniciar ya en septiembre el debate político sobre la reforma del sistema de financiación que el anterior ejecutivo se negó a abordar».

El síndico socialista en Les Corts y vicesecretario general del PSPV, Manolo Mata, sacó pecho por el acuerdo. «Ximo Puig y Pedro Sánchez han derribado el 'no a los valencianos' que levantó el Gobierno de Mariano Rajoy durante siete largos y angustiosos años», afirmó.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria establece que si el Congreso o el Senado rechazan los objetivos de déficit, deuda y regla de gasto propuestos por el Gobierno, éste cuenta con un mes de plazo para volver a aprobarlos. El de ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera fue el primer paso que se completará en el Congreso de Ministros de mañana. Después tienen que volver a someterse al criterio del Congreso y el Senado. Fue en la Cámara Baja donde la mayoría de los diputados desautorizó la flexibilización del déficit y el aumento del gasto, incluidos los diputados que apoyaron a Pedro Sánchez para desalojar a Mariano Rajoy.