El Consell devuelve al Gobierno la mitad de ayudas antiCovid tras no poderlas repartir entre las empresas

El conseller Vicent Soler reitera a través de un comunicado que, con las tres convocatorias (se fueron modificando los requisitos, aunque no se mejoraron lo suficiente), «la Generalitat ha hecho un esfuerzo para que el mayor número posible de empresarios y empresarias que cumpliesen con los requisitos establecidos pudiesen beneficiarse de estas ayudas, al flexibilizar al máximo permitido la normativa estatal». El responsable de Hacienda de la Generalitat lamenta que debido «a los estrictos criterios del Real Decreto, no haya podido concederse más importe de ayudas y llegar a más empresas». De hecho, la Comunitat fue de las primeras en abrir a todos los sectores económicos estas ayudas, según señalan desde la conselleria, que destaca que la Administración valenciana «ha acabado siendo una de las que tiene requisitos más flexibles como la apertura a empresas con pérdidas en 2019 o la posibilidad de incluir todos los costes fijos».

Soler recuerda que «la crisis no ha acabado para las empresas y, por tanto, el Gobierno debe garantizar ahora que los recursos disponibles para el tejido productivo lleguen a nuestras empresas y autónomos», por lo que insiste en la necesidad de que se alargue el plazo de estas ayudas hasta el 30 de junio de 2022, tal y como permite el marco estatal.

Al margen de una cuestión de tiempo, las ayudas también son poco operativas por otro tipo de circunstancias. Por ejemplo, empresas pequeñas que podrían recibir subvenciones en torno a los 4.000 euros... pero para ello precisan de realizar cálculos complejos ante lo cual requieren la ayuda de consultoras o auditoras que, por trabajos de ese tipo, demandan desembolsos que minimizan el beneficio real de intentar solicitar unas ayudas diseñadas para empresas de tamaños y perfiles muy distintos a los de muchas pymes. Fuentes del sector advierten, por ejemplo, de que es obligatorio que el autónomo o la empresa que optase a esas ayudas tuviera certificado electrónico. En el caso de los autónomos que no están obligados a relacionarse con la Administración con ese certificado, era casi imposible conseguirlo en los tiempos fijados para acceder a las ayudas, y más cuando dos de las convocatorias se realizaron en agosto o entorno al puente de diciembre. La propia burocracia gubernamental impedía acceder a las ayudas gubernamentales. También había trabas en el plano financiero, según indica un asesor empresarial, ya que algunos bancos no han contemplado trabajar con los créditos ICO que se amorticen anticipadamente y si se recibía la ayuda y había pendiente un crédito del ICO otorgado por el Covid era obligatorio amortizar el préstamo. En definitiva, que el terreno se acotó tanto por parte del Gobierno que no había espacio para que las empresas y autónomos pudieran beneficiarse de las ayudas.