El Consell se reserva el control total de la gestión de los fondos europeos

Se trata de contratos de alta dirección para nuevos responsables que se encargarán de coordinar la tramitación de los fondos asignados, propios o externos, en el marco de las políticas de recuperación así como todas aquellas tareas relacionadas con la gestión de esos fondos. Unas ayudas que en el caso de la Comunitat Valenciana superan los 1.050 millones de euros.

Un bocado demasiado apetitoso como para que las decisiones respecto a su destino no recaigan en las manos adecuadas. ¿Y cuál es la mejor manera de asegurarse que esas decisiones estén controladas? Pues que la designación de los nuevos responsables esté controlada. Y nada mejor, para ello, que los órganos encargados de elegir a ese personal esté formado de forma íntegra por cargos políticos.

Así viene ocurriendo en las al menos tres consellerias que ya han publicado la convocatoria pública de estas plazas. La vicepresidencia y conselleria de Igualdad que dirige Mónica Oltra, por ejemplo, el órgano de selección del nuevo responsable estará formado por el subsecretario de la conselleria, Daniel Mestre, y por la directora general de Coordinación Institucional, Marina Aparicio.

Ambos cuentan también con la colaboración del subdirector del gabinete técnico, que es un funcionario de carrera de libre designación. Si bien la función de este último es únicamente actuar como secretario. La decisión respecto a quién se contrata recae en exclusiva en cargos políticos.

La conselleria de Agricultura ha hecho otro tanto. En su caso los directores de programas de fondos europeos son dos, uno por Emergencia Climática y Transición Ecológica y otro por Agricultura y Desarrollo Rural. Se trata siempre de contratos de un año, con una retribución que será fija en un 88% y variable en el otro 12% en función del cumplimiento de objetivos.

En el caso del departamento que dirige Mireia Mollà, el órgano de selección de los nuevos directivos está formado por el subsecretario de la conselleria, un director o directora general adscrito a la secretaría autonómica de Agricultura y Desarrollo Rural «nombrado por la consellera de Agricultura», otro director general adscrito a la Secretaría Autonómica de Emergencia Climática y Transición Ecológica nombrado también por la consellera, y el correspondiente subdirector general del gabinete técnico.

Entre las funciones de los nuevos directivos figuran las de fijar objetivos concretos para el programa asignado, elaborar la estrategia de dirección y ejecución del mismo, coordinarse con los órganos directivos responsables de la acción de gobierno o informar a los órganos superiores sobre la ejecución del programa.

La conselleria de Justicia incorpora por su parte al subsecretario de la conselleria «o persona que le sustituya», al secretario autonómico de justicia y administración pública y a un director general adscrito a esa área, además del subdirector general del gabinete técnico. En el caso del departamento que dirige Gabriela Bravo, la resolución por la que se informa del proceso de selección de este directivo se publica hoy en el DOGV.

Los nuevos puestos de trabajo -cabe suponer que cada conselleria irá nombrando a sus respectivos directivos para la gestión de los fondos europeos- dependerán de las respectivas subsecretarías, puestos ocupados por personal de la más absoluta confianza de cada uno de los consellers. El puesto de trabajo se vincula a la gestión de los fondos europeos, se localizará en Valencia y tendrán dedicación exclusiva, incompatible con el ejercicio de cualquier profesión retribuida salvo autorización expresa.

El diseño de los órganos de selección de los nuevos directivos ha levantado algunas suspicacias entre los funcionarios de carrera de la administración autonómica, al entender que su ausencia no contribuye a dar la debida transparencia a un proceso de este tipo.