Un contagio obliga a desinfectar oficinas del 9 d'Octubre y a confinar funcionarios

Un positivo por Covid-19 entre los funcionarios de la Conselleria de Justicia ha activado las alarmas y los planes de protección en el área que dirige Gabriela Bravo. Desde el departamento autonómico aseguraron que se trata de un caso o contagio importado, es decir, que no se había producido en la Comunitat y cuya trazabilidad, en principio, resulta perfectamente clara. Estas fuentes atribuyeron el positivo de una funcionaria del Servicio de Fundaciones, dependiente de Justicia, a la visita de un familiar muy cercano que había estado en una de las zonas de España en las que se están produciendo rebrotes. En concreto, Lleida.

Esta reunión familiar, que se produjo hace ahora dos fines de semana, fue el origen del contagio que no sólo afectó a la empleada pública. Otras personas que participaron en la cita también quedaron contagiadas. La funcionaria comenzó a sentirse mal el pasado miércoles. Al día siguiente empezó a notar algunos de los síntomas propios del coronavirus, como la tos seca o fiebre. Ese mismo día ya se le efectuó una prueba PCR. Y el resultado -positivo- se conoció el pasado sábado.

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De inmediato, los responsables de la Conselleria trasladaron la incidencia a los técnicos del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (Invassat) y al delegado de prevención de riesgos laborales. La aplicación del protocolo supuso, entre otras medidas, la inmediata desinfección de toda la planta -no solo las dependencias- donde trabajaba la funcionaria. Las oficinas se encuentran dentro del complejo administrativo del 9 de octubre.

Además, se ha optado porque cuatro compañeros que desempeñan su función en las mismas dependencias se queden confinados en sus domicilios. Al parecer, ninguno presenta síntomas. Está previsto que en las próximas horas se les practique también una prueba para detectar el virus. Las indicaciones de la Conselleria son que permanezcan al menos diez días aislados. La ausencia se tramita como baja laboral.

Este caso de Covid-19 se produce en una de las consellerias que más han apostado por el regreso presencial de los funcionarios. Bravo tiene entre sus competencias la de Función Pública, donde se estableció un marco general de desescalada del teletrabajo para los funcionarios. Pero el resto de áreas de la Generalitat, en cambio, decidieron dejar al ralentí esos planes de vuelta de sus empleados.

La nueva normalidad, en la que los despachos de los edificios de la Administración volverán a estar poblados, tendrá que esperar algo más de la cuenta, a juzgar por los planes de contingencia que cada conselleria está llevando a cabo y su nivel de ejecución según las fases.

La Conselleria de Justicia ya dejó claras las normas y porcentajes del paulatino regreso en una resolución a principios de mayo. Sin embargo, dejó en manos de cada subsecretaría la aplicación de las mismas, lo que ha provocado un retraso considerable en la vuelta a la actividad presencial. Numerosos departamentos prefirieron acogerse a la fórmula del teletrabajo antes de lanzarse a un regreso no exento de algunos riegos como, en realidad, en cualquier puesto de trabajo.

El portavoz de Economía del grupo parlamentario Unides Podem, Ferran Martínez, por su parte, ha presentado una proposición no de ley en la que plantea al Consell que, en el marco del diálogo social, impulse un acuerdo para potenciar el teletrabajo, garantizando su carácter voluntario y reversible.

Martínez argumenta que la crisis de la COVID-19 ha supuesto un aumento de esta fórmula, aunque matizó que el número de beneficiarios no ha tocado techo. Un informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas cifra en un 20,9% el porcentaje de trabajadores en disposición de adoptar este método, unas 437.000 personas en la Comunitat.

Desde el sindicato CSIF critican que «El contagio se ha producido en la conselleria de Gabriela Bravo, impulsora e impositora de la vuelta presencial total a los puestos de trabajo y de no mantener el teletrabajo, como desde CSIF hemos denunciado en repetidas ocasiones. Hemos advertido reiteradamente sobre el riesgo innecesario que supone incorporar presencialmente al 100% de la plantilla, en atención a la salud de los trabajadores, a la prestación del servicio ante eventuales rebrotes y a la protección de los grupos vulnerables. Hemos insistido mucho en la pérdida de atención a la ciudadanía que supondría tener que cerrar o disminuir un servicio si se producía algún contagio. También hemos hecho hincapié en la aplicación en la Comunidad Valenciana del modelo para alternar trabajo presencial y teletrabajo suscrito por el Ministerio de Política. Por desgracia, la consellera no ha escuchado las propuestas y ha preferido afrontar el riesgo que supone esa incorporación 100% presencial. Un riesgo que, como hemos comprobado con este caso de contagio, es totalmente real».