Una defensa de Divalterra sostiene que un trabajo de cipreses ignífugos corresponde a altos directivos

El abogado de Soledad Torija, por ejemplo, ha indicado que presentó muchos currículums y ha tratado de defender su labor capital en Divalterra. La acusación popular de Acción Cívica indicó en su día que estaba colocada en la empresa por Joan Ribó.

También ha relatado el famoso asunto de los cipreses y de cómo contactó con el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para un estudio de por qué no ardieron en un incendio forestal de 2013. Y que ella elaboró un proyecto sobre este particular. Todo esto para justificar que esas actuaciones sí eran las propias de un alto directivo.

La defensa reflexionó acerca del ignorado origen de esta causa. «¿Alguien cree que estamos aquí por siete contratos?». La teoría de la conspiración siempre ha encontrado respaldo entre algunos procesados que atribuyen todo este caso a una venganza política para terminar con la carrera de Jorge Rodríguez. En su momento, se habló de su ambición para sustituir al presidente Puig. «El fiscal nos debe una explicación de todo esto», ha indicado la defensa.

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A. Rallo

El letrado de Raúl Ibáñez, uno de los directivos que se encargaba de llevar documentación a un despacho para que la analizara la UCO, ha defendido también la labor de este profesional en la compañía. Ha asegurado que fue José Luis Vera, el jurídico de Divalterra y uno de los testigos principales de la acusación, el que le encargaba estas tareas.

La defensa conjunta de Miguel Ángel Ferri y Salvador Femenía, dos de los acusados, ha criticado la instrucción del caso, un asunto en el que con mayor o menor intensidad se han centrado todos los letrados en sus respectivos informes pero también en las cuestiones previas.