La Diputación aprueba que el Consorcio del General se persone en el último caso del clan Blasco

El pleno ha acordado que el responsable para hacerlo es el Consejo de Gobierno del Consorcio, tal y como indica en su informe el letrado jefe de la Diputación de València.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó este verano que se hiciera un ofrecimiento de acciones a la Diputación de Valencia. En su momento, ya se había tramitado esta cuestión, pero no se obtuvo respuesta.

Ahora, tras el cambio de Gobierno, el ministerio fiscal debió entender que correspondía una nueva consulta. Se trataría de que la Diputación ejerciera la acusación particular para reclamar el dinero público supuestamente desviado porque la corporación forma parte del Consorcio del Hospital Universitario de Valencia.

Sin embargo, los Servicios Jurídicos de la Diputación entendían que no les corresponde. En un informe enviado ya al juzgado de Instrucción 6 de Valencia sostenían que el citado consorcio está adscrito a la Generalitat y que, en ese supuesto, una eventual personación sería atribuible a la Conselleria de Sanidad, es decir, a la Abogacía de la Generalitat.

El PSPV, por su parte, que abandonó este pasado verano la presidencia de la corporación provincial, se pronunció hace pocas fechas en el sentido de que era la corporación provincial la que debía personarse en el caso. El líder del PSPV en la Diputación de Valencia, Carlos Fernández Bielsa, insistía en que la corporación se persone en la causa contra Sergio Blasco, sobrino del exconseller Rafael Blasco, en un caso destapado en 2017.

La trama, tal y como informó LAS PROVINCIAS, funcionó a tres niveles. Por un lado, las grandes mercantiles, Out-log, Conectall Systems y Mantenimiento Integrales Turia, empresas solventes y con experiencia en el sector sanitario. En una década (2005-2014) han facturado 33 millones de euros.

El segundo grupo son microempresas, de dos o tres trabajadores. Logran facturación de las primeras firmas (600.000 euros) y, a veces, del propio centro hospitalario. «Todas ellas están dirigidas por personas vinculadas personal o laboralmente con Sergio Blasco», indicó en su momento el juez.

Y finalmente, en el escalón más bajo, son sociedades que carecen de estructura, pero canalizan ingresos de los estadios superiores de la red. El juez aprecia indicios de malversación, fraude a la administración, tráfico de influencias, prevaricación y cohecho. Los habituales en tramas de corrupción. En la causa aparecen actuaciones de relevancia en el ámbito sanitario. Por ejemplo, una de las empresas bajo sospecha ejerció un papel clave en la logística del reparto del material Covid en los peores momentos de la pandemia.