El pleno de la Diputación de Valencia ha aprobado en su sesión de este martes el nuevo Reglamento Orgánico y Funcional (ROF) de la corporación provincial. El acuerdo se ha adoptado sin votos en contra, y con la única abstención de los diputados del PP, así como la del no adscrito Carlos Gil.
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La principal novedad del texto impulsado por el equipo de gobierno que dirige Toni Gaspar pasa por el artículo 36 del nuevo texto, que incorpora la creación del escaño 32 de la Diputación, que permitirá dar voz en los plenos de la institución a alcaldes, alcaldesas y representantes de entes locales para que hagan llegar sus diferentes inquietudes y propuestas sobre su municipio.
La petición de comparecencia deberán suscribirla directamente los alcaldes y alcaldesas, o colectivos interesados, y remitirla al presidente de la Diputació, que dará cuenta ante la Junta de Portavoces. Cada pleno ordinario podrá contar con una comparecencia de los representantes locales, que tendrán la posibilidad de formular un ruego o una pregunta justo antes de que se inicie el turno de ruegos y preguntas para las diputadas y diputados de la institución. Las solicitudes se cursarán según el orden de entrada.
Este nuevo escaño recogido en el reglamento de la corporación pretende, según presidencia de la Diputación de Valencia, reforzar la apuesta por el municipalismo y dotar de un mecanismo más a los alcaldes y alcaldesas para hacer llegar las inquietudes de sus municipios y comarcas, en la línea de actuación de una Diputación cuya razón de ser es el servicio a los ayuntamientos.
El ROF de la Diputació de València consta de siete títulos y 67 artículos, que incluyen desde las competencias y órganos colegiados que recoge el título primero a los derechos y deberes de los diputados enumerados en el séptimo, que establece igualmente las causas de posible incompatibilidad de los representantes provinciales y las limitaciones en la actividad privada posterior, con el fin de evitar lo que popularmente se conoce como «puertas giratorias».
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El articulado de este reglamento de funcionamiento interno de la Diputació expone la obligatoriedad de los representantes públicos de declarar sus actividades y bienes, informa de las causas de posible incompatibilidad y remite a las leyes que regulan estos aspectos para evitar que se produzcan incoherencias.
También recoge el ROF, en su artículo 65, la actuación de la Oficina de Conflictos de Intereses, a la que deben dirigir las diputadas y diputados las solicitudes de compatibilidad para desempeñar una actividad privada que pudiera estar sujeta a limitaciones tras haber ostentado responsabilidades ejecutivas en alguna de las áreas de gestión de la Diputación.
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Por otro lado, el pleno de la Diputación ha aprobado la moción del grupo socialista que defiende la autonomía municipal del Fondo de Cooperación. La moción, presentada a propuesta de la Comisión Ejecutiva Provincial (CEP) de la nueva dirección, defiende el actual modelo del Fondo de Cooperación, un recurso que, según el secretario provincial, Carlos Fernández Bielsa, «es el mecanismo que favorece la autonomía y libertad de los municipios para destinar sus recursos a aquellos proyectos que consideren prioritarios».
El líder de los socialistas de la provincia de València ha señalado que, frente al modelo «arbitrario y clientelar» del Partido Popular, el Fondo de Cooperación Municipal «se ha convertido en un instrumento al servicio de todos los ayuntamientos de nuestra provincia y de la ciudadanía, con independencia del partido que esté al frente».
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