Los diputados quieren que Les Corts reserve un millón de euros para sus finiquitos

Cuando llegaron a Les Corts los 99 diputados que ocuparon los escaños en 2019, el inicio de la actual legislatura, sabían que en 2023, cuando finalizará su mandato, abandonarían la Cámara sin derecho a percibir la prestación por desempleo. Sin embargo, para eso están las leyes y las normas, para cambiarlas. Sobre todo si las puedes cambiar tú. Eso es lo que intentan los grupos parlamentarios, que mantienen un pulso en secreto con la propia institución para que se establezca un finiquito, una indemnización a los que se queden sin escaño y sin ocupación.

Actualmente, un diputado autonómico en Les Corts cobra de media cerca de 60.000 euros anuales. La idea, según fuentes conocedoras de una negociación oculta y de la que los grupos parlamentarios no dan explicaciones, es que la Cámara reserve una partida para resarcir a los diputados salientes. Se habla de medio año de sueldo. Las mismas fuentes señalan que la intención es que Les Corts reservase cerca de un millón de euros en previsión de esta situación. No sería el único parlamento autonómico que adoptaría esta medida. Otros, como Cantabria, ya lo tienen establecido. O el propio Congreso de los Diputados.

Es complicado sacar adelante una iniciativa así de no contar con la unanimidad de todos los grupos. En el caso valenciano, no existe un criterio conjunto. Los grupos parlamentarios pretenden que sea la Cámara como institución la que lance una fórmula inicial sobre la que negociar, pero Les Corts se resiste. Hay muchos condicionantes a tener en cuenta si finalmente se establece que hay que disponer de una cantidad. Por ejemplo, ese medio año de salario debería reservarse todos los ejercicios en el presupuesto de la Cámara. El motivo es que la legislatura puede acabar en cualquier momento. Se prolonga cuatro años teóricamente, pero el presidente de la Generalitat tiene la prerrogativa de adelantar elecciones. Así pues, la obligación del parlamento sería reservar la cantidad para que, en cualquier momento, afrontar una indemnización masiva. La Cámara no ve con buenos ojos mantener congelado cerca de un millón de euros todos los años.

Por otro lado, hay varios asuntos más que resolver, como sería el caso de si el finiquito se pagaría sólo al finalizar la legislatura a los que no continuasen y no tuvieran empleo, o quizá a todos los diputados. O durante cuánto tiempo deberían mantenerse en el paro los parlamentarios cesantes para percibirla, o si un diputado dimitido a mitad de legislatura podría cobrarla, o si habría posibilidad de compatibilizarla con algún tipo de actividad remunerada. La casuística es variada y complicada.

Las posiciones de cada grupo son prácticamente desconocidas. El motivo de tanta opacidad es que es un tema que se debate en la comisión de gobierno interior de Les Corts. A puerta cerrada. Vox dice públicamente que se opone. Compromís y Podemos han mostrado su predisposición a que sí se establezca una indemnización, algo que Ciudadanos secunda con mayor o menor intensidad desde el inicio de la legislatura. El PP y el PSPV, los dos grandes partidos, no se pronuncian públicamente y apelan a la necesidad de ser «discretos». Los socialistas, en cualquier caso, han anunciado que abandonan las reuniones donde se está debatiendo este asunto (entre otros), tras una gran bronca en torno a la subida de sueldo de los diputados, que finalmente se abortó este año y que era del 4%, la misma que se va a producir entre los altos cargos del Consell.

El secretismo genera una opacidad reconocida por uno de los impulsores del debate, el exconseller Marzà. La portavoz del PSPV, Ana Barceló, señaló este miércoles que las negociaciones «son secretas no porque lo dicen los diputados, sino el Reglamento de Les Corts». Sin embargo, esas normas las establecen los diputados. Barceló llegó a comentar que de las reuniones «se levanta acta en donde se plasman los acuerdos». Esas actas, si es que realmente existen, también se mantienen ocultas.

El asunto económico genera grandes quebraderos de cabeza esta legislatura a los grupos parlamentarios. Como trasfondo del asunto de los finiquitos de los diputados hay otro tema muy serio a resolver: las indemnizaciones por despido a los trabajadores de los grupos cuando acabe la actual legislatura. Por un acuerdo de transparencia de las cuentas al que se llegó el año pasado se acordó que al final de la legislatura se despediría a los empleados. Eso implica indemnizarles. A grupos como PP o Compromís no les alcanza para finiquitar a empleados que en algún caso lleva contratado más de una década. El dinero necesario para las indemnizaciones es una cantidad que tampoco se da a conocer, y también se pretende que salga de las arcas de Les Corts, como los finiquitos de los diputados. PP y Compromís tienen el mismo problema. Necesitan más dinero. El PSPV no tiene ese problema (sus empleados están contratados a través del partido), pero plantea lo injusto de que a unos grupos se les de un dinero y a los que hacen las cosas bien, no.

Lo razonable sería que, a partir de la próxima legislatura, los grupos no contratasen personal y que las incorporaciones fuesen personal eventual de Les Corts, como ocurre en el gabinete de Presidencia del parlamento. Serían un grupo de trabajadores eventuales nombrados y cesados por el presidente de Les Corts a propuesta del síndico de cada grupo parlamentario, pero para hacer eso tienen que ponerse de acuerdo ahora. Si no, se volverá a caer en el mismo error que actualmente y la Cámara tendrá otra vez que costear los despidos de los trabajadores de los grupos parlamentarios, un desembolso al que los diputados pretenden añadir su propia indemnización.

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