La doble vara de medir de Montero: acepta la financiación singular para Cataluña pero ignora las cartas del Consell

El PSOE se inclina por aceptar una financiación singular para Cataluña, aunque ello suponga necesariamente generar una situación de desigualdad de esa región frente al resto de las del régimen común -todas menos País Vasco y Navarra-. Una propuesta que generó este mismo jueves el rechazo rotundo del president de la Generalitat, Carlos Mazón, e incluso el del síndic de Compromís, Joan Baldoví, que advirtió que una decisión de este tipo podría suponer que su formación dejara apoyar al Gobierno de Sánchez.

La actitud del Ejecutivo de Sánchez con los independentistas catalanes contrasta con la que ese Gobierno viene manteniendo con la conselleria de Hacienda. La titular de ese departamento, Ruth Merino, ha enviado dos cartas al ministerio que dirige Montero solicitándole que vuelva a impulsar el proceso para reformar el sistema de financiación, y mientras tanto, que active un fondo de nivelación que sirva a las CCAA infrafinanciadas -Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía- hacer frente a sus servicios públicos. El departamento de Montero no ha contestado a ninguna de esas dos cargas, se explica desde el Gobierno valenciano.

La primera de esas misivas tiene fecha del 11 de septiembre de 2023 -han transcurrido ya más de nueve meses. En pleno proceso de elaboración de los primeros presupuestos de la Generalitat del Gobierno de Carlos Mazón, la consellera Merino «la dificultad que supone para esta Conselleria de Hacienda la elaboración de los Presupuestos de la Generalitat Valenciana de 2024 sin disponer de los indicadores fundamentales sobre los recursos del SFA que nos corresponden».

En su escrito, la titular de Hacienda rogaba que a la mayor brevedad, «nos remita una estimación sobre el resultado de la liquidación del SFA de 2022 en el caso de la Comunitat Valenciana con el fin de reducir la incertidumbre a la que nos enfrentamos para elaborar nuestro presupuesto con responsabilidad y rigor».

Por otra parte, añadía, «quisiera también trasladarle nuestra preocupación por la falta de avances en la reforma del actual SFA, pendiente desde 2014». «En definitiva -añadía más adelante-, la Comunitat Valenciana necesita una solución a la injusticia histórica que representa el SFA vigente, por lo que le urgimos a reactivar de inmediato los trabajos para la reforma del actual sistema de financiación autonómica. Mientras tanto, resulta esencial articular un mecanismo transitorio para corregir los déficits de financiación por habitante ajustado respecto a la media de las CC.AA. y garantizar la llegada de recursos suficientes a la Comunitat Valenciana con el objetivo de aproximarla a la financiación media mientras culmina la reforma pendiente de la Ley de Financiación de las CC.AA».

El Gobierno valenciano no obtuvo respuesta a esa carta. De modo que cuatro meses después envió una segunda -ésta con fecha de 5 de febrero de este 2024-. «Transcurridos más de cuatro meses desde que le trasladé la preocupación del Gobierno valenciano por la falta de avances en la reforma del actual Sistema de Financiación Autonómica (SFA), pendiente desde 2014, y ante la falta de respuesta por su parte a la misiva, me veo en la obligación de insistir en los problemas que la infrafinanciación provoca en nuestra autonomía y en trasladarle la urgencia de adoptar soluciones transitorias inmediatas mientras se aborda esa imprescindible reforma», comenzaba el escrito.

Merino explicaba que había solicitado a la comisión de expertos nombrada por Les Corts una actualización del informe elaborado en julio de 2021 en el que ya reclamaban la necesidad de un fondo transitorio mientras no se aprobara el nuevo modelo. «En concreto, los expertos plantean una transferencia transitoria de nivelación horizontal que, a su juicio, representa un coste adicional asumible presupuestariamente por parte del Gobierno central, sobre todo teniendo en cuenta la gravedad del problema a resolver. Esta transferencia tendría un coste total de 3.237 millones en la primera anualidad (ejercicio 2024), de los que 1.183 millones corresponderían a la Comunitat Valenciana para que su financiación pasara del 91,8 al 96,4%. Y se plantea un escenario dinámico y posibilista a cuatro años que culminaría en 2027».

La consellera remarcaba que en ese informe de los expertos se justificaba «la necesidad de aprobar un mecanismo de absorción estatal del sobreendeudamiento de las autonomías castigadas por el sistema de financiación vigente. En el caso valenciano, la conclusión de los expertos es incontestable: el 78,6% de la deuda total es consecuencia de las insuficiencias del SFA».

Esta segunda carta tampoco ha tenido respuesta. Eso sí, Montero ha hecho declaraciones públicas en las que ha venido a descartar la posibilidad de aprobar ese fondo de nivelación para las CCAA infrafinanciadas, con el argumento, aseguró, de que ya lo había rechazado el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

La posición del Gobierno central, respecto al debate sobre la reforma de la financiación, viene siendo la de señalar al PP, y a las diferencias que atribuye a las CCAA presididas por este partido (la mayoría) que se no haya reformado el sistema. Un planteamiento que obvia que es al Gobierno central al que le corresponde presentar una propuesta de nuevo sistema. Lo más parecido a esto último, el esqueleto de criterio de población ajustada presentado en Navidades de 2021, fuer rechazado por la mayoría de las CCAA, incluida la valenciana, presidida entonces por el Botánico.