Zaplana se recluye en su domicilio por orden del médico tras obtener el alta

El expresidente de la Generalitat Valenciana disfcriterio en el caso Zaplana, ha ordenado el levantamiento del secreto de sumario, una

El expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana disfruta ya de sus primeras horas fuera del hospital La Fe de Valencia. El exdirigente ha permanecido más de 50 días en el centro hospitalario donde ingresó para someterse a una revisión. El médico responsable de su salud, que ya dirigió su tratamiento contra la leucemia en 2015 que terminó en un trasplante, alertó recientemente de un riesgo vital en el caso de que regresara a la penitenciaría. Nunca llegó a hacerlo. La jueza finalmente le concedió la libertad provisional el pasado jueves tras bloquear 6,3 millones de euros de dos cuentas en Suiza. El lunes mismo, 72 horas después, ha recibido el alta médica. La salida de Zaplana se ha producido a primera hora de la mañana sin la presencia de medios de comunicación. A continuación, se ha dirigido al juzgado de guardia para firmar. Deberá hacerlo todos los lunes.

Tras esta primera comparecencia, presumiblemente se ha trasladado a la vivienda que su hija adquirió recientemente en pleno centro de Valencia. Zaplana disponía de un lujoso piso de alquiler en la calle Pascual y Genís. A la salida de este inmueble fue detenido ya hace más de nueve meses. El expresidente ya no cuenta con ese piso para sus constantes desplazamientos a Valencia. Los inmuebles de esa misma finca, de más de 200 metros cuadrados, rondan el millón de euros, según confirmaron en su día a LAS PROVINCIAS.

Ahora, lo más probable es que el expresidente se encuentre en la casa de su hija, en la calle Poeta Querol, muy próxima a la residencia de Francisco Camps. Fuentes conocedoras de la situación del expresidente han explicado que no puede salir a la calle por orden de los facultativos que le tratan. El exdirigente popular, probablemente, aguardará en la residencia a la espera de conocer las novedades de la investigación contra él. Las primeras revelaciones podrían conocerse mañana. La jueza de Instrucción 8 de Valencia, que recibió el apoyo de sus compañeros tras algunas informaciones en las que se cuestionaba su criterio en el caso Zaplana, ha ordenado el levantamiento del secreto de sumario, una medida que impedía a los investigados conocer el detalle de las acusaciones pese a la oposición de la Fiscalía Anticorrupción.

Serán finalmente siete tomos, lo que anticipan miles de folios de un sumario que a día de hoy mantiene en vilo a buena parte de los políticos y empresarios valencianos. El expresidente disfrutaba, como resulta lógico por otra parte, de una extensa red de contactos, que ahora puede que salgan retratados en las conversaciones que durante años grabó la UCO para desenredar el complejo entramado empresarial que supuestamente manejaba el expresidente para ocultar sus fondos ilícitos. Los términos utilizados en algunas de esas conversaciones, al margen del contenido, preocupan enormemente a los implicados. No obstante, sólo formarían parte del sumario aquellas charlas relevantes para la investigación en curso.

La jueza, no obstante, adelanta que mantendrá parte del sumario secreto. En concreto, la información relacionada con las comisiones rogatorias al extranjero y de las que todavía no constan respuesta. La instructora utiliza este auto, el del levantamiento del secreto, para rechazar algunas de las quejas de los investigados por la adopción de esta medida restrictiva. La magistrada corrige a los letrados que afirman desconocer por qué se investiga a sus clientes. De hecho, aclara que se les informó en un primer momento de las empresas que estaban siendo analizadas, varias sociedades en el extranjero, tanto por la Guardia Civil como durante su pase a disposición judicial. Es más, -continúa- incluso a varios de los detenidos -no concreta la identidad- se les sorprendió con documentación de las mercantiles en el momento de su arresto.

La investigación apunta al cobro de cerca de diez millones de euros por comisiones durante la presidencia de la Generalitat. Estos pagos, según los indicios recabados hasta la fecha, procederían del trato de favor que recibieron varios empresarios, entre ellos la familia Cotino, por la privatización del servicio de las ITV y la adjudicación de lotes de los parques eólicos.