La jueza deja libre a Zaplana tras recuperar seis millones en Suiza

La investigación al expresidente Eduardo Zaplana ha llegado ya a su primer final de etapa. El minucioso rastreo de las supuestas comisiones pagadas en su día por las adjudicaciones de las ITV y de los parques eólicos ha desembocado en cuentas en Suiza con un saldo de 6,3 millones de euros. La cantidad ya se encuentra bloqueada por orden de la instructora y, al parecer, existe un perfecto entendimiento entre las autoridades helvéticas y españolas. No habrá problemas para que la repatriación del dinero sea un hecho. De hecho, la jueza ya ha emitido una orden para que el depósito se transfiera a la cuenta del juzgado. La operación todavía no se ha materializado. Este era el primer objetivo de los investigadores desde que hace tres años arrancaron con unas pesquisas que surgieron, una vez más, del exgerente de Imelsa, Marcos Benavent con la extraña colaboración de un personaje todavía con recorrido en toda esta historia, un ex directivo sirio de la mezquita de Valencia. Este hombre fue quien supuestamente encontró una valiosa documentación en una casa donde residió Zaplana.

Los investigadores no descartan que las cuentas en Suiza sean sólo una parte del dinero supuestamente obtenido a cambio de tratos de favor en las adjudicaciones públicas. El depósito no se encuentra vinculado únicamente a una persona física sino también tendría acceso una sociedad. El entramado que supuestamente ideó el exministro y sus colaboradores, con ayuda de conocidos blanqueadores internacionales, destaca por su especial complejidad. Recientemente, los investigadores viajaron a Suramérica y a otros países europeos para impulsar las pesquisas. Allí comprobaron algunas de las sociedades que formaban parte de la trama. La clave durante todo este tiempo -y de ahí las restrictivas medidas con Zaplana- era que este no pudiera acceder a los depósitos para tratar de mover el dinero. De ese balance, el 90% «presunta e indiciariamente» corresponde a Eduardo Zaplana y el resto a sus otros dos compañeros de prisión, el supuesto testaferro Joaquín Barceló y el asesor fiscal Francisco Grau, según el auto de la jueza.

Dos de los motivos que alegaron en su día para decretar la prisión provisional de Zaplana fueron el riesgo de fuga y la reiteración delictiva. El primero de los supuestos estaba basado en la ocultación de un importante patrimonio en el extranjero que le permitiría huir y vivir sin problemas en algún país que dificultara su extradición. Además, Anticorrupción también exponía el riesgo de reiteración delictiva, que no estaba centrado en que pudiera volver a recibir dinero al no ser ya cargo público, sino en la posibilidad de que continuara esa presunta labor de blanqueo que le atribuye la instructora. Pese a todo, la juez mantiene algunas medidas cautelares sobre los tres investigados, como la entrega del pasaporte -lo hizo ayer mismo- y la obligación de comparecer ante el juzgado cuando sean reclamados.

La defensa del exministro trató de manera incesante durante los últimos ocho meses de obtener la libertad debido a su delicado estado de salud. La presión se incrementó cuando prácticamente todos los responsables de los grupos políticos, desde Compromís al PP pasando por PSPV y Podemos, se expresaron a favor de que saliera de la cárcel. Su médico en La Fe, y la persona que llevó su tratamiento contra la leucemia, un experto mundial en la enfermedad, también defendía esta tesis ante el riesgo inminente de que llegara a fallecer si volvía a la cárcel. El expresidente llegó a perder peso en la prisión y el pasado mes de diciembre ingresó en La Fe para una revisión. Finalmente se quedó ingresado y allí continúa a la espera de algunas pruebas médicas.