Faltaba personal, la excusa que dio el Botánico y que libra a los socios de Francis Puig de devolver 170.000 euros

El escrito, al que ha tenido acceso este diario, es el que acaba desembocando en que los Adell Bover, socios de Francis Puig, no se vean obligados ahora a devolver más de 170.000 euros correspondientes a las ayudas recibidas en 2017 de la administración autonómicas más los correspondientes intereses. Así lo confirmó este jueves el TSJ valenciano. «El Tribunal ha adoptado esta decisión al comprobar que el plazo máximo legal de 12 meses que tiene la Administración para resolver y notificar la decisión desde la incoación del expediente administrativo de reintegro había caducado», se puede leer en la comunicación del alto tribunal.

La conselleria de Educación apelaba en enero de 2021a la «complejidad de este procedimiento de reintegro de subvenciones», así como el volumen de la documentación a analizar. Además, recordaba en su escrito, la pandemia ha obligado a adoptar medidas de contención que ha afectado al personal de la dirección general de Política Lingüística directamente relacionada con la gestión de estos expedientes.

«Además, hay que tener en cuenta que se encuentran vacantes distintas plazas de la dirección general de Política Lingüística, como la del jefe de servicio de promoción del valenciano, que es el que gestiona y tramita estos expedientes de ayudas», se añadía.

La conselleria dirigida por Marzà –el conseller de Compromís más cercano al entonces president de la Generalitat Ximo Puig, hermano de Francis Puig– explicaba que a la vista de esta situación, se llegó a solicitar más personal y recursos materiales, que se facilitaron desde el Servicio de Derechos y Usos lingüísticos. Y pese a ello, «la realidad es que estos medios no han sido suficientes» para analizar la documentación aportada.

La resolución que firma Marzà detalla el desarrollo del expediente que se firma el 7 de noviembre de 2019 por el que se inicia el proceso para exigir la devolución de las mencionadas cantidades. El 29 de noviembre los afectados presentan alegaciones contra la decisión de la administración autonómica. El 30 de septiembre de 2020 -diez meses después- se les da acceso al Plan de Control de subvenciones, y el 23 de octubre las empresas vuelven a alegar. A finales de noviembre de 2020 se les requiere documentación justificativa adicional, información que es aportada el 23 de diciembre.

¿Y ya? Pues no. El relato de la conselleria de Educación explica que es entonces cuando se detecta que las empresas han recibido también subvenciones de la Generalitat de Cataluña, motivo por el que se le solicita información respecto a si los justificantes aportados a esa otra administración son los mismos que al Gobierno valenciano.

El 18 de enero de 2021 las empresas entregan la documentación y se confirma que se habían utilizado justificantes de gasto y nóminas. Diez días después, el 28 de enero, la conselleria dicta la resolución en la que se solicita la ampliación de plazo.

Pero ya era tarde. Tal y como explica el TSJ, el Consell incoó los procedimientos de reintegro el 7 de noviembre de 2019, por lo que en el plazo para resolver y notificar a la empresa finalizaría justo un año después, el 6 de noviembre de 2020. No obstante, teniendo en cuenta los 79 días en que estuvieron suspendidos los plazos administrativos (entre el 14 de marzo de 2020 y el 1 de junio de 2020) como consecuencia de la declaración de Estado de Alarma derivado de la pandemia, esa fecha límite pasaba a ser el 24 de enero de 2021.

De este modo, añade el TSJ, las resoluciones de la Conselleria de Educación, que se produjeron el 26 de enero de 2021 y el 26 de febrero de ese año, en las que se acordaba y se notificaba a las empresas la obligación de devolver las subvenciones, se emitieron y comunicaron a los interesados una vez sobrepasado el plazo establecido. Y por tanto, no podían surtir efecto.