Monumental enredo entre la Fiscalía y el Supremo en el proceso para reabrir el caso del pitufeo del PP

La Sala cerró la investigación hace unos meses al anular el auto de procesamiento de medio centenar de cargos del PP porque tras seis años de instrucción no había suficientes indicios de que el dinero procediera de una actividad delictiva. Por tanto, no se daban todos los requisitos del tipo penal y resultaba imposible continuar con el procedimiento. Pero no hizo una resolución conjunta para todos los investigados sino que, sorprendentemente, dictó varios autos que afectaban a uno o varios investigados.

El fiscal anunció entonces un recurso de queja para conseguir que la Sala modificara su decisión de un sobreseimiento provisional por el de uno libre para así proceder a intentar revocar el auto y sentar a los ediles y cargos populares en el banquillo. En teoría, debía presentar un recurso por cada uno de los autos.

La acusación pública basa su queja en que la Sala había argumentado un sobreseimiento libre pese a que finalmente había dictado uno provisional. El primero equivale a la inexistencia de un delito en los hechos analizados. Se trata de una sentencia absolutoria. El segundo, en cambio, responde a la falta de indicios suficientes para continuar con el procedimiento penal. Y, además, existe otra diferencia: el sobreseimiento libre se puede recurrir.

Logra esta modificación -del provisional al libre- sólo se podía hacer a través del recurso de queja. Pero finalmente, la Fiscalía del Tribunal Supremo no lo ha interpuesto. El plazo se agotó a finales del pasado mes de enero, según consta en la resolución. Podría tratarse de un error en el cómputo de los tiempos por parte de la Fiscalía del Supremo, la encargada de presentar el escrito. Este extremo se desconoce por el momento.

Sin embargo, fuentes del departamento sí han precisado que se han presentado más de una veintena de quejas respecto a otros autos de archivo. Por tanto, la vía para obtener una hipotética reapertura sigue todavía abierta, según esta tesis. Las mayores incógnitas se presentan respecto al futuro de Salom que ahora mismo dispone de una resolución, recurrible, que recoge que el auto de sobreseimiento es firme.

No es la primera vez que desde la Fiscalía se intentaba reabrir investigaciones archivadas en Valencia. Ocurrió, por ejemplo, con el famoso caso de los trajes de Camps, que el ministerio público y el PSPV sostenían que procedían de regalos de la trama Gürtel.

El alto tribunal forzó la reapertura y el expresidente terminó en el banquillo de los acusados. Otro de los asuntos de relevancia fue la investigación abierta en su día contra el expresidente del Puerto de Valencia, Rafa Aznar. La Audiencia la archivó y la Fiscalía acudió, sin éxito, al Tribunal Supremo.

El anuncio de la queja por el caso del pitufeo no paralizaba las resoluciones adoptadas hasta el momento. La Audiencia decretó en su día el archivo para todos los investigados que habían participado supuestamente en el asunto del blanqueo ante la inexistencia de indicios y que toda la trama estaba sustentada en «meras sospechas». De igual modo, precisó que el juez instructor no ha conseguido establecer una hipótesis lógica del origen del dinero -el de la supuesta caja B- y que no es lo mismo un dinero negro que un dinero delictivo, requisito este último del blanqueo de capitales.

Sin embargo, los magistrados sí certificaron los indicios delictivos en las otras dos campañas electorales, la de 2007 y 2011. En esas fechas, la Audiencia sostiene que existen indicios de que el Grupo Municipal del PP financió el pago de los actos electorales con fondos procedentes de constructoras y fundaciones dependientes del Ayuntamiento de Valencia. Por estos hechos están investigados Alfonso Grau y Mari Carmen García Fuster, mano derecha de la exalcaldesa.