Anticorrupción tomará las riendas de la investigación al hermano de Puig

La investigación judicial sobre la justificación de las ayudas públicas recibidas por Francis Puig, hermano del presidente del Consell, acabará en manos de Anticorrupción. Al menos así lo pidió ayer la Fiscalía Provincial de Valencia al considerar que es competencia de este órgano al afectar el caso al un alto cargo del Consell como es el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzanos. El empresario castellonense ha recibido desde 2015 más de 520.000 euros en ayudas del Gobierno autonómico, de los que 370.000 euros son subvenciones dirigidas para el fomento del valenciano. Además, las empresas Comunicacions dels Ports y Mas Mut Producción, ambas propiedad del hermano del jefe del Consell, recibieron también a lo largo de todo este tiempo importantes ayudas de la Generalitat catalana y del Gobierno de Aragón. Francis Puig y Rubén Trenzano están llamado a declarar como investigados el próximo 10 de diciembre. Los hechos que se investigan están relacionados con la posible comisión de delitos de prevaricación, malversación y fraude de subvenciones. La Fiscalía Provincial de Valencia considera que a la vista de los delitos imputados y el hecho de que entre los querellados está un alto cargo de la Generalitat la causa la debería asumir la delegación de Anticorrupción.

La querella, que fue presentada por el grupo popular de Les Corts, apunta a que el hermano del presidente del Consell presentó las mismas facturas en distintas administraciones para justificar diferentes subvenciones. Además, varios de los programas realizados con estas aportaciones públicas sirvieron para rellenar la parrilla de empresas que por separado optaron a diversas ayudas. También se está investigando si los espacios subvencionados realmente se hicieron o sólo se cobraron las ayudas sin que se hicieran los programas de televisión. Otro de los temas que se investiga es la audiencia aportada por el hermano de Ximo Puig, que asegura que su cadena de televisión la ven 35.000 personas cuando en principio la licencia sólo cubre un área de población de 5.200 personas. El asunto puede caer en manos del fiscal que investiga Alquería o en la que trató el caso Emarsa.

La diferencia principal entre los casos que asume Anticorrupción es que no se reporta con el fiscal jefe de Valencia. Si las diligencias las asume algunos de los tres delegados de la sección en Valencia, el visado de un hipotético escrito de calificación o de un informe para archivar las diligencias corresponde directamente a Madrid. Actualmente, la sección se encarga de asuntos como el caso IVAM, todo lo relativo a la F-1, la visita del Papa a Valencia, la investigación a Eduardo Zaplana, la macrocausa de Imelsa o la trama Azud, con la implicación del cuñado de Rita Barberá.