La Fiscalía pide que se impute de nuevo a Trenzano en el caso Francis Puig

La Fiscalía Anticorrupción ha admitido el recurso del PP valenciano y ha pedido en un dictamen del 29 de mayo que el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, vuelva a tener la condición de investigado (imputado) en la causa abierta que se sigue contra Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, y otros empresarios del audiovisual por las ayudas de la conselleria de Educación para el fomento del valenciano.

El titular del juzgado de instrucción número 4 de Valencia acordó el 10 de mayo el archivo de la investigación para Trenzano. El sobreseimiento libre, el decretado para el director general de Política Lingüística, equivalía a cosa juzgada, como una sentencia absolutoria y, además, si se confirmara -el recurso lo ha impedido- no se podría reabrir aunque se aportaran nuevos indicios contra el cargo público.

El auto explicaba que el caso arrancó de la querella por presuntos delitos contra la Hacienda Publica, Prevaricación y Malversación de Caudales Públicos contra Francis Puig, director ejecutivo y consejero delegado de Comunicació dels Ports y administrador de Mas Mut Produccions y contra Trenzano como director general de Política Lingüística. A Trenzano se le imputaba «la ausencia de acreditación de cumplimiento de los requisitos exigidos para la concesión de la subvención».

El PP recurrió la medida y la Fiscalía Anticorrupción, ha informado contrariamente al sobreseimiento de la causa a favor de Trenzano «hasta conocer el alcance de las irregularidades detectadas en las subvenciones objeto de la presente causa cuya averiguación se pretende con las diligencias pendientes».

La Fiscalía estima que como al director general nunca se le llamó en calidad de investigado a declarar, «siguen pendientes diligencias muy importantes dirigidas a la averiguación de los delitos cometidos por las empresas solicitantes y sus administradores, además de sendos informes de la Intervención de la Generalitat valenciana y de Catalunya, y un informe de la Policía judicial sobre facturación de proveedores dirigido a la averiguación de la existencia del presunto delito de falsedad documental».

En marzo de 2022 se acordó la declaración como investigados de Francis Puig y de Enrique Adell Bover, pero no la de Trenzano, según expuso la defensa. Todo esto no tendría mayor trascendencia si no se hubiera anulado la prórroga de las diligencias, es decir, que no se puede seguir investigando. Esto derivó de un error en las notificaciones judiciales.

La realidad no resulta tan clara como expone la defensa de Trenzano. La declaración sí que se acordó en su día. De hecho, varios medios de comunicación se hicieron eco de la decisión judicial. Tenía fecha y hora la comparecencia. Era el 10 de diciembre a las 9.30 horas de la mañana. Pero se suspendió al igual que ocurrió con la primera de Francis Puig. No se podía concluir que fuera una diligencia sin acordar sino que sí se decretó su práctica. Y, por tanto, pese a la anulación de la prórroga sí tendría cobertura legal para practicarse, sostuvieron fuentes judiciales que veían argumentos para que el recurso prosperara, como así ha ocurrido.

 

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