![El juez que investiga las ayudas a Francis Puig archiva la causa para Rubén Trenzano](https://s3.ppllstatics.com/lasprovincias/www/multimedia/2023/05/12/rt-R4NbjMzzxsuOTyXJC2f4yON-1200x840@Las%20Provincias.jpg)
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El titular del juzgado de instrucción número 4 de Valencia, que investiga un supuesto fraude en las ayudas públicas concedidas a Francis Puig, el hermano del president de la Generalitat Ximo Puig, ha acordado el archivo de la investigación para el director general de Política ... Lingüística, Ruben Trenzano.
El sobreseimiento libre, el decretado para Trenzano, equivale a cosa juzgada, como una sentencia absolutoria y, además, si se confirma -se puede recurrir ahora- no se podría reabrir aunque se aportaran nuevos indicios contra el cargo público.
En un auto con fecha de este pasado 10 de mayo al que ha tenido acceso este diario, el juez dicta el «sobreseimiento libre y el archivo» de la parte de la investigación que afectaba al alto cargo de la conselleria de Educación «sin perjuicio de las acciones civiles que, en su caso, puedan corresponder al perjudicado». .
El auto explica que el caso arranca de la querella por presuntos delitos contra la Hacienda Publica, Prevaricación y Malversación de Caudales Públicos contra Francis Puig, director ejecutivo y consejero delegado de Comunicació dels Ports y administrador de Mas Mut Produccions y contra Trenzano como director general de Política Lingüística. A Trenzano se le imputaba «la ausencia de acreditación de cumplimiento de los requisitos exigidos para la concesión de la subvención».
Tal y como ha venido relatando este diario, posteriormente se amplió la querella contra Enrique Juan Adell Bover, como presunto autor de un delito contra la hacienda pública otro delito de malversación como administrador de la empresas Canal Maestrat y Kriol Produccions. En marzo de 2022 se acordó la declaración como investigados de Francis Puig y de Enrique Adell Bover, pero no la de Trenzano, según expuso la defensa. Todo esto no tendría mayor trascendencia si no se hubiera anulado la prórroga de las diligencias, es decir, que no se puede seguir investigando. Esto derivó de un error en las notificaciones judiciales.
La realidad no resulta tan clara como expone la defensa de Trenzano. La declaración sí que se acordó en su día. De hecho, varios medios de comunicación se hicieron eco de la decisión judicial. Tenía fecha y hora la comparecencia. Era el 10 de diciembre a las 9.30 horas de la mañana. Pero se suspendió al igual que ocurrió con la primera de Francis Puig. No se puede concluir que fuera una diligencia sin acordar sino que sí se decretó su práctica. Y, por tanto, ahora pese a la anulación de la prórroga sí tendría cobertura legal para practicarse, sostienen fuentes judiciales que ven argumentos para que el recurso prospere.
Pero todo el problema nace de la anulación de la prórroga. El pasado mes de abril la Audiencia Provincial de Valencia dictaminaba el fin de la investigación del caso Francis Puig tras el error cometido por el juzgado que llevaba el caso, después de que el instructor aprobara una prórroga de seis meses a petición de la fiscalía pero sin consultar a las partes, motivo por el que la decisión fue apelada y acabó quedando sin efecto.
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El juez explica en su auto que no se ha prorrogado la instrucción, y que están pendientes las diligencias ya acordadas. Pero entre ellas no figura la declaración de Trenzano y ya no puede acordarse, aunque el juez remarca que no comparte «la interpretación que efectúa el ministerio fiscal en su informe» favorable a esa declaración. «En definitiva sea cual fuere el resultado de las diligencias pendientes no cabrá acordar declaración como investigado» de Trenzano. «Continuar la instrucción teniéndole como investigado, sería tanto como aplicarle en este caso la pena de banquillo», señala.
En el auto se especifica que «pese a la redacción inicial de la querella donde imputaba un presunto delito de prevaricación o de tráfico de influencias a Trenzano, las diligencias practicadas no aportaron indicios suficientes para recibir declaración como investigado» del director general. «De hecho las diligencias pendientes están encaminadas a determinar si hubo delito de fraude de subvenciones por los investigados o una posible falsedad documental en la actuación de Puig o Adell, delitos en los que ninguna participación tendría Trenzano pues la querella se dirigió contra él en calidad de director de Política Lingüística por una presunta ausencia de control en su concesión, de los que no hay indicio alguno», se recoge.
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