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La Abogacía de la Generalitat, que ejerce la acusación particular contra el exconseller Serafín Castellano por un fraccionamiento de contratos, ha presentado un escrito en el juzgado en el que solicita continuar con el procedimiento, es decir, el procesamiento del exdirigente del Partido Popular. El que fuera también delegado del Gobierno está investigado por favorecer a su amigo, el constructor José Miguel Pérez Taroncher, quien falleció durante la instrucción de la causa. La Intervención, tal y como adelantó LAS PROVINCIAS, apreció fraccionamiento en una serie de actuaciones en el centro de emergencias de l'Eliana. La causa se sigue en Instrucción 19 de Valencia.
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Los especialistas de la Intervención alertaban de prácticas irregulares que afectaban a unos 150.000 euros de los varios millones que se analizan en este procedimiento -el máximo permitido en un contrato de obras son 50.000 euros-. Basan su dictamen, entre otras circunstancias, en la proximidad temporal de algunas de las facturas, todas englobadas en este mismo procedimiento de reforma de las instalaciones. Esta investigación forma parte de una pieza derivada del caso Avialsa, la investigación contra el exconseller por el amaño del contratos de extinción de incendios a favor de la citada mercantil.
El negocio de Taroncher experimentó una brutal transformación en paralelo a la carrera de Castellano, un peso pesado del PP de Valencia hasta su detención hace más de cuatro años por las irregularidades en los contratos de extinción de incendios, amaños a cambio de regalos y pagos de jornadas cinegéticas, según apunta la investigación judicial. La época dorada de la mercantil bajo sospecha fue el periodo (2006-2007) donde se multiplicó la cifra de negocio sin apenas incrementar el gasto de personal, algo llamativo cuando la firma se dedica a la construcción. La sociedad realizó actuaciones en la propia sede de la conselleria, en institutos y empresas públicas.
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