Intervención pide a Educación más datos para elaborar el informe clave en el caso de Francis Puig

El órgano de control acaba de remitir un escrito a la Conselleria de Educación en el que reclama más documentación para completar el dosier. Se trata de subvenciones entre 2015 y 2018, diferentes convocatorias donde se presentaron las mercantiles Comunicació dels Ports, Canal Maestrat, Mas Mut y Kriol. El total de esas subvenciones asciende a más de 600.000 euros.

La Intervención reclama los modelos de solicitud donde conste la fecha de entrega y el número de registro para constatar que se respetaron los plazos. De igual modo, solicitan las memorias técnicas y económicas del proyecto. Y también, entre la documentación, piden la cuenta justificativa y toda la información disponible de las facturas subvencionadas así como los justificantes del pago que presentaron las empresas. En definitiva, conocer todas las circunstancias de la concesión de la ayuda y su posterior control.

La Fiscalía sostiene, desde el inicio de la instrucción, que existen indicios de que se duplicaron facturas y que otras pudieran ser por servicios ficticios. La Intervención tiene ahora como objetivo aclarar si los conceptos eran subvencionables, descartar que se duplicaran facturas y ratificar que los servicios realmente existieron.

El órgano de control pidió esta información el pasado 7 de febrero. Urge a la Conselleria a que conteste cuanto antes al oficio. Pero, en el mejor de los casos, será complicado que se cumpla el calendario inicial porque estamos a unos días de finalizar el mes. Aparte de recibir la información, el interventor ha de incorporarlo a su propio trabajo.

No es la única incidencia en este asunto. El juzgado de Instrucción 4 de Valencia, que investiga las subvenciones, ha anulado la prórroga de las diligencias que acordó recientemente y que situaba el final del caso en verano, es decir, después de las elecciones autonómicas y locales.

La nulidad de esta resolución se ha acordado con el informe favorable de la Fiscalía. Las defensas recurrieron el auto porque no se les dio traslado en su día de la petición del ministerio público en la que reclamaba un periodo extra de seis meses en la instrucción, escrito al que se adhirió el PP. La fecha límite se extendió entonces hasta el mes de julio, aunque no es necesario agotar el plazo. La instrucción se puede dar por finalizada en cualquier momento.

Las defensas entienden ahora que este error del juzgado en la notificación, que el propio instructor reconoce en su auto, impide decretar la prórroga porque ya se ha visto superado el plazo anterior. El juez admite que la petición de la Fiscalía no se trasladó a las defensas pese a que estaba ya firmada.

Reconocido el fallo ahora es el momento de examinar las consecuencias. La defensa de Francis Puig lo tiene claro. Esto no puede ir en contra de los investigados. «Desconoce esta parte qué error involuntario ha motivado la situación actual, pero resulta pacífico que ello no puede ir en perjuicio de los investigados y su derecho de defensa».

De hecho, se opone a la prórroga que, de nuevo, ha solicitado el ministerio público con el apoyo, una vez más del PP. De seguirse el criterio de las defensas, la causa se quedaría sin la posibilidad de nuevas diligencias, pero sí se mantendrían todas las acordadas hasta el momento como los dos informes a la Intervención de la Generalitat valenciana y catalana, análisis que se antojan fundamentales en el futuro de las pesquisas.

Este escenario, la posibilidad de que no se renueve el plazo de las pesquisas, no necesariamente ha de ser positivo para los investigados. El tiempo de instrucción no sólo es para reunir pruebas de cargo sino también diligencias exculpatorias. Fuentes judiciales consideran que una vez recibidos los informes de Intervención, si recogen los indicios que se apuntaron al inicio de la instrucción, se podría dictar el equivalente al auto de procesamiento. En caso contrario, el juzgado tendría que decretar el sobreseimiento.

La defensa de Francis Puig sostiene que las dos periciales contribuyen a dilatar la instrucción de manera innecesaria. Es más, apunta que la Generalitat de Cataluña, siempre según su escrito, ha desistido del informe que se le encargó. Una situación inédita que un organismo oficial rechace el encargo judicial. Respecto a la Intervención de la Generalitat se da la circunstancia de que parece que incluyeron una subvención de 2015 que no consta en las pesquisas de Instrucción 4. Aprovecha el letrado para instar a que citen a los responsables de esa ayuda que se concedió cuando gobernaba el PP.

El instructor acordó la prórroga tras las dilaciones que había registrado la causa por la dificultad de incorporar el «material probatorio necesario para la investigación» y también al estar pendientes diligencias que pueden desencadenar la necesidad de nuevas pruebas, según admitió en su día el juez en la resolución que ha quedado sin efecto.