La tilde de Valéncia y la bronca jurídica que asoma

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El debate que se abre, no obstante, inicia un proceso en el que la Acadèmia Valenciana de la Llengua tiene un papel determinante, toda vez que la ley le confiere la elaboración de un informe preceptivo sobre ese cambio de denominación. Fuentes de la entidad normativa recordaban este miércoles que será la sección de Onomástica la que deberá elaborar un informe que será sometido a votación por el pleno y que requiere de mayoría absoluta (11 de los 21 miembros) para ser aprobado.

La AVL –que lleva informados 57 cambios de denominación de municipios desde su creación– podría, por supuesto, respaldar la propuesta que le llegue desde el cap i casal. Pero la incógnita de que puede ocurrir si lo que hace es rechazarlo no resulta menor. Porque la aprobación definitiva de ese cambio de denominación le corresponde al Gobierno valenciano, que es el que debe elevar un decreto con el correspondiente acuerdo.

El Consell podría obviar el criterio de la AVL y dar luz verde a ese decreto. Como poder, podría. De hecho, quizá ese sea el escenario político más probable, aunque resulta atrevido presuponer el criterio de los académicos y la decisión política que pueda adoptar a partir del mismo el Gobierno valenciano.

Lo que resulta menos atrevido es avanzar qué podría ocurrir si esa hoja de ruta acaba cumpliendo todas esas etapas. Es decir, si el Consell asumiera el criterio del Ayuntamiento, desoyera el de la AVL y da luz verde al cambio de denominación. Porque lo que podría iniciarse a partir de esa situación es un proceso judicial como consecuencia de que alguna entidad (pongamos por caso Acció Cultural del País Valencià ACPV) o incluso la propia Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, pudieran presentar algún tipo de recurso contra la decisión. Y en ese caso, quién sabe qué medidas cautelares podrían o no llegar a adoptarse.

Los cambios de denominación del nombre del municipio suelen ser procesos tranquilos... salvo que se trate de Villanueva de Castellón o Castelló de la Ribera, conocido desde 2020 como Castelló. De hecho, ese es el motivo por el que Castelló de la Plana presentó recurso contra esa denominación. Y eso que el Gobierno, que también participa con un informe en todo este proceso, dio el visto bueno a esa denominación.