El juez cierra la investigación a Serafin Castellano seis años después de su detención

El final, aún sin conocer el resultado, se aproxima. El juzgado central de Instrucción 6 ha decidido no prorrogar las pesquisas abiertas por el supuesto amaño de los contratos de extinción de incendios forestales en la Comunitat a cambio de regalos, invitaciones a jornadas de caza y dinero en efectivo. Estos son los indicios con los que contaba la Fiscalía en el arranque del caso. Del juzgado de Sagunto, donde comenzaron las diligencias, el sumario saltó a los órganos centrales de instrucción al ser una trama con presuntas ramificaciones por toda España. Los concursos no sólo se arreglaban en Valencia sino en buena parte del país. Las empresas, entre ellas Avialsa –la que logró el servicio en Valencia– se repartían el mercado.

El juzgado investiga un delito de defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas, entre otros ilícitos. La Fiscalía ha informado recientemente de que no existen motivos para prorrogar las actuaciones. De igual modo, las defensas, entre ellas la del propio conseller, se había opuesto a un nuevo periodo.

La última diligencia celebrada, hace apenas unos meses, consistió en la declaración de un perito acerca del sistema empleado por las mercantiles bajo sospecha para dividirse el negocio. Así, ya no podrán practicarse ni solicitarse nuevas diligencias. Sí podrán incorporarse, no obstante, los informes o peticiones que estuvieran acordadas con anterioridad.

En definitiva, la siguiente fase del procedimiento se aproxima. Ahora el juez puede dictar un auto que equivale al procesamiento si considera que existen indicios de delito o bien decretar el archivo de las actuaciones.

Esta es la única causa que le queda al exconseller, quien se vio obligado a abandonar su carrera política y a reciclarse como letrado tras décadas sin ejercer. En el otro asunto, derivado también de la misma operación policial, el titular de Instrucción 19 de Valencia dio carpetazo a la investigación por fraccionamiento de contratos a favor de su amigo, el empresario José Miguel Pérez Taroncher, que falleció durante todo este procedimiento. La clave estaba en el análisis de un informe de la Intervención en el que sí se aprecia esta conducta irregular en las obras adjudicadas al citado empresario en el centro de emergencia de l'Eliana. La Generalitat consideraba que este dictamen era suficiente para continuar con el procedimiento y solicitar el procesamiento. Anticorrupción, en cambio, sostuvo lo contrario.

Existía otro asunto también con un tronco común en la causa general conocida como Avialsa. Otro juzgado abrió unas previas para analizar si el mismo empresario, con el que el exconseller tenía intereses personales en común, hizo obras gratis en casas de tres directivos de La Fe y de una diputada del PP. Todas estas actuaciones se archivaron. La Justicia, por el momento, siempre ha dado la razón al exconseller.