El juez del caso Imelsa solicita a Marcos Benavent que facilite un domicilio en un plazo de 24 horas

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que instruye el caso Imelsa, ha solicitado a Marcos Benavent, gerente de la entidad, que le facilite un domicilio. De no hacerlo en un plazo de 24 horas, se acordardará la detención del autodenominado 'yonki del dinero'.

Benavent fue citado por el juez del caso para una nueva declaración el 27 de octubre después de que Benavent haya cambiado de abogado y del que ha sido su letrado desde que se inició el proceso, Ramiro Blasco. Ahora, será Juan Carlos Navarro, penalista que ha ejercido la defensa de, entre otros, el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, el encargado de su defensa.

El caso Imelsa se remonta al año 2014 cuando Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación a raíz de una denuncia de EUPV en la que se aludía a una presunta trama de corrupción en Imelsa, la extinta empresa de la Diputación de Valencia. En concreto, se acusaba a Benavent de crear una empresa pantalla que facturaba a otras cinco mercantiles que a su vez cobraban a Imelsa por trabajos que presumiblemente no se realizaban.

De ahí se habrían desviado diferentes comisiones, perjudicando a las arcas públicas. La causa, que acabó dividida en diferentes piezas, en las que se han estudiado contratos con diferentes empresas relacionados, entre otros, con planes de inversión de campos y césped artificial, de piscinas cubiertas y campos de pádel, llevó a la detención e investigación en enero de 2016 del expresidente de la Diputación con el PP Alfonso Rus y parte de su cúpula en la corporación provincial y también acabó en otra derivada: el 'caso Taula' o 'pitufeo', que afectó al grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de València en la época de Rita Barberá al frente de la Alcaldía.

En varias de estas piezas ya se ha acordado la apertura de juicio oral. La primera es por las supuestas irregularidades en adjudicaciones a la empresa Thematica Events. En este caso se prevé sentar en el banquillo en una vista fijada para mayo y junio de 2022 a los primeros acusados que se enfrentan a delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil y en oficial realizado por funcionarios, fraude en la contratación y blanqueo de capitales.

Para Marcos Benavent la Fiscalía pide 8 años y tres meses de cárcel; para el exvicepresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Moncada con el PP, Juan José Medina -cinco años-, y Rafael García Barat, administrador de Thematica Events -siete años-.

Paralelamente a estas piezas, el nombre de Benavent aparece relacionado con otros de los casos de corrupción más relevantes de la Comunitat Valenciana, Erial, que afecta al expresident de la Generalitat con el PP Eduardo Zaplana. Los documentos de la 'hoja de ruta' de esta causa (las licitaciones de los planes Eólico y de las ITV) tienen su origen en una documentación que un ciudadano sirio entregó a Benavent y que fueron hallados en un registro en el despacho de abogados del exgerente de Imelsa.

Marcos Benavent acudió por primera vez a los juzgados en mayo de 2015, cuando se acogió a su derecho a no declarar en sede judicial pero sí que lo hizo ante los medios para definirse como un «yonqui del dinero» y asegurar que se llevó de la Diputación de Valencia «dinero de todo», al tiempo que advertía de que iba a hacer daño «a mucha gente» contando la verdad.

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