El juez del caso Oltra abre una pieza secreta tras pedir una acusación los correos de un director general y el exsecretario autonómico

Además, en el marco de esas diligencias, también se deberá resolver acerca de la petición de la acusación popular Gobierna-te, controlada por Cristina Seguí, que reclama conocer los correos enviados por Enrique Juan Alcocer, hoy Director General de Infraestructuras y servicios sociales, y por Alberto Ibáñez Mezquita, quien era secretario Autonómico de Igualdad, diversidad y Políticas Inclusivas en el momento de los hechos. Hoy es asesor y portavoz de Iniciativa, el partido de Oltra. De ambos se pide su comparecencia para declarar en el juzgado, en principio, como testigos.

La petición de intervenir los mails abarca el momento de los hechos (2017), pero también los meses posteriores al conocer la sentencia condenatoria al docente, Luis Ramírez Icardi, exmarido de Oltra, a cinco años de prisión.

De igual modo, interesan conocer la composición del gabinete de Vicepresidencia para conocer la identidad de todas las personas que pudieron influir de manera directa o indirecta en el expediente que se abrió para conocer toda la investigación a la menor víctima de abusos.

El juez acordó el pasado miércoles el rastreo y examen de todos los correos de los investigados en la causa. Pero acordó hacerlo bajo tres criterios. El primero, el temporal. Los mails analizados deberán comprender el periodo del 20 de febrero de 2017 hasta el 23 de marzo y desde el 5 de julio hasta el 1 de diciembre de ese mismo año.

La primera fase es la investigación de la denuncia en el centro de menores y en la Conselleria de Igualdad. La segunda abarca la supuesta orden de Oltra del expediente informativo hasta la elaboración del polémico dosier de descargo, ahora criticado por la Justicia.

La segunda de las directrices establecidas por el juez es la material. Los mails tendrán que hacer referencia «explícita» a los hechos denunciados por Teresa Tanco, la víctima de los abusos, y a las actuaciones que se generaron en el ámbito administrativo a raíz de la denuncia de los abusos. La Generalitat era la tutora de la joven que ha estado desde los tres años de edad en centros de protección de menores.

Por último, la tercera de las condiciones es la personal. Las comunicaciones para analizar son aquellas en las que aparezcan los propios investigados. Es decir, que quedarán fuera de la diligencia los correos en los que participen personas ajenas a la investigación.

El requerimiento plantea, a su vez, un problema técnico. Se trata de averiguar si es posible acceder a los correos de la Generalitat casi cinco años después de que se produjeran las comunicaciones. Además, del auto se desprende que los correos intervenidos serán aquellos que se enviaran desde la propia dirección corporativa de los investigados.

El juez ordena que la averiguación deberá llevarse a cabo por Grupo de Policía Judicial que se estime más idóneo por Jefe Superior de Policía y en un plazo de 30 días. Este periodo únicamente podrá ser prorrogado si justificadamente no pudiera atenderse en dicho plazo el cumplimiento de lo ordenado.

La acusación popular de Cristina Seguí alerta que ha tenido conocimiento de que la Generalitat prevé hacer una limpieza de los correos y servidores el próximo 30 de octubre por si esta circunstancia pudiera afectar a la diligencia acordada.